En el día de ayer hemos presentado desde el SAF un escrito dirigido a la titular de la Secretaría General para la Administración Pública en el que hemos solicitado, por enésima vez, que se fije un calendario para la restitución de las pagas adicionales correspondientes a los meses de junio y diciembre de 2013 y 2014.

Recordamos que mediante Decreto-Ley 3/2011, se produjo una brutal serie de recortes en los derechos económicos y sociales de los funcionarios de la Junta de Andalucía, entre los que suspendieron las pagas adicionales correspondientes a los años 2013 y 2014 (Junio y Diciembre), haciendo constar que la Administración andaluza fue la única que las suprimió en toda España. Posteriormente, y ante la mejoría de la situación económica general, se fueron reintegrando poco a poco diversos derechos perdidos.

El punto primero, apartado cuarto, del Acuerdo de 17 de julio de 2018 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz, establecía que se abordaría la restitución de las pagas adicionales correspondientes a los meses de junio y diciembre de los años 2013 y 2014… lo que hasta la fecha no se ha cumplido.

Según artículo aparecido en el informativo digital Eldiario.es, edición del 4 de julio de 2019, el Consejero de Hacienda, D. Juan Bravo, afirmó que el citado Acuerdo era un compromiso adquirido por el anterior gobierno con los sindicatos, pero sin concretar fechas para su cumplimiento. No obstante, es necesario hacer constar que no fue un gobierno de uno u otro partido el que adquirió el compromiso, fue el Gobierno de la Junta de Andalucía, lo que obliga asimismo a los actuales gobernantes, que hasta el momento no han hecho nada por intentar establecer un calendario de pagos.

Sirva como referencia del estado actual el que según fuentes del diario Expansión, edición digital del día 26 de mayo de 2021, “La Junta estima que el PIB andaluz podría crecer un 7% en 2021”.

De acuerdo con el Informe de Coyuntura Económica de Andalucía, edición Diciembre 2020, publicado por la Secretaría General de Economía de la Consejería de Transformación Económica, Industria y Universidades, “El crecimiento real de la economía andaluza en 2021 se producirá en un contexto nominal de subida de los precios de producción, de modo que la economía andaluza registraría en 2021 un crecimiento del PIB del 9% en términos corrientes, tras el retroceso del presente año, con lo que el PIB nominal de la comunidad autónoma se situaría ligeramente por encima de los 167.800 millones de euros, volviendo a los niveles del año 2018”.

También, y según el Observatorio Económico Semanal, edición de 15 de junio de 2021, publicado por la citada Secretaría General de Economía, se prevé un crecimiento del PIB de la economía andaluza de entre el 3,7 y el 7,5% para el año 2021.

El diario ABC de Sevilla, en su edición de fecha 10 de mayo de 2021, publicó la noticia de que el Gobierno de la Junta de Andalucía había ofrecido un plazo de 15 años para devolver un importe superior a 40 millones de euros en subvenciones no justificadas a determinada central sindical y, a mayor abundamiento, según el diario El Mundo, edición digital de fecha 7 de abril de 2021, se había concedido una nueva subvención a la citada organización sindical, a pesar de la prohibición expresa de la vigente Ley General de Subvenciones de acceso a nuevas subvenciones para quienes tuvieran importes pendientes de justificar, lo que acredita nuevamente la situación en expansión de la economía andaluza. Parece ser la situación económica va viento en popa….según para quién se trate.

Por último, se ha hecho constar en el escrito, que el personal funcionario al servicio de la Junta de Andalucía, se ha visto en una situación de total discriminación con respecto al resto de las Administraciones (central, autonómicas y locales) que no perdieron tantos derechos económicos, incluso conservaron las ayudas de acción social, y los que  perdieron, los han ido recuperando, lo que en nuestro caso atenta contra el artículo 14 de la Constitución. Así, la última Comunidad Autónoma que aún no había recuperado sus pagas extras (adicionales) de 2013 y 2014 era Cataluña, y en estos años previos ya lo ha ido recuperando, pues la Generalidad de Cataluña pagó en el verano de 2020 a los trabajadores públicos el 60 % de la paga extra pendiente del año 2013, después de que en el año 2019 ya le abonase el otro 40 %, y teniendo comprometido el abono de la correspondiente a 2014 en este año 2021. Andalucía es la única CCAA de España en el que el personal funcionario no ha recuperado las pagas extras sustraídas por una Administración Autonómica.