El SAF ha sido invitado a participar en la Comisión de Investigación de la FAFFE, donde nuestro Vicepresidente ha explicado las actuaciones y denuncias del Sindicato Andaluz de Funcionarios contra esta Fundación a lo largo de sus años de existencia (2003-2011).
Antes de entrar en materia, se recordó que en la causa penal contra la FAFFE ante el Juzgado de Instrucción número 6, el SAF ejerce la acusación popular junto con el Partido Popular, causa en la que se alabó la encomiable labor que está realizando el titular del Juzgado y la UCO, mientras que en el ámbito contencioso administrativo, hasta tres encomiendas de gestión del año 2008, fueron impugnadas y ganadas por el SAF, en sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en las que resolvía su nulidad dado que las funciones que se encomendaban en las mismas suponían el desarrollo de potestades administrativas, otorgando funciones reservadas al personal funcionario, en su mayoría asistencia técnicas de apoyo y actuaciones de comprobación y realización de actividades subvencionadas.
Asimismo se destacó la Sentencia de 28 de marzo de 2019 del Juzgado de lo contencioso nº 4, sobre los Centros de Referencia para la Orientación, en la cual se señalaba que dichas estructuras “cuentan con más de 500 laborales adscritos a la Agencia – sin duda provenientes de la FAFFE, entre otros-, y sólo cuenta con 14 funcionarios, en relación al servicio de orientación en toda Andalucía. Dicha circunstancia, hace que no sólo pueda estimarse que se ha venido produciendo una desfuncionalización del servicio de orientación y gestión del SAE, sino que la función pública integrada por funcionarios ha venido mermando sus cometidos”.
En cuanto a número de efectivos, destaco que la plantilla actual de funcionarios de carrera en administración general de la Junta de Andalucía es inferior a 20.000 personas, mientras que el personal laboral de VI convenio colectivo (que sí accedió a la administración por procedimientos reglados) es de alrededor de 24.000, a la que se suman las 27.000 personas subrogadas en Agencias, Fundaciones y Empresas Públicas. En definitiva, más de 50.000 personal laboral y menos de 20.000 personal funcionario, lo cual es insostenible… máximo cuando las leyes de función pública exigen que los puestos de trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía serán desempeñados con carácter general por funcionarios públicos. Así no es de extrañar que abunden los ilícitos penales y las irregularidades.
En la intervención, fueron señaladas las causas que a nuestro entender son origen de la corrupción o comisión de ilícitos penales, cómo los se está investigando en la FAFFE, así como las actuaciones a realizar para solventarlas:
- Eliminación de la libre designación en la provisión de puestos de trabajo hasta el nivel 29 y sustitución por concurso de méritos. Destacó que en la actualidad la andaluza es la más politizada de España, con todas las Jefaturas de Servicio nombradas por libre designación, lo que supone que cuando la persona designada se niegue a articular lo solicitado por el político de turno que le seleccionó, podrá ser cesado discrecionalmente… Esto supone un quebranto de la imparcialidad. Destacó que tanto PP como Ciudadanos llevaban en sus programas de gobierno esta premisa (eliminación de la libre designación por debajo del nivel 29) pero sorpresivamente desde que iniciaron el gobierno ha pasado todo lo contrario, no han parado de crecer.
- Defensa de las potestades administrativas en manos del personal funcionario. Desde las Agencias Públicas Empresariales, la mayoría sin funcionarios, se están gestionando y tramitando ayudas y subvenciones por personal laboral en vez de hacerlo personal funcionario, lo cual está totalmente condenado por la jurisprudencia del TS además de no permitirlo el TREBEP (texto refundido del Estatuto del Empleado Público). Todo ello sin mencionar la situación del SAE y de la AGAPA, Agencias de Régimen Especial, en las que las plantillas del personal funcionario están completamente mermadas con el fin encubierto de poder justificar el mantenimiento del personal subrogado (procedente de FAFFE y de DAPSA).
- Despido colectivo del personal de FAFFE y, en general, del personal laboral subrogado del SAE y del resto de Agencias de Régimen Especial y Públicas Empresariales, así como de Fundaciones y Empresas Públicas, para todo aquel personal que esté actualmente sin funciones o cuyas funciones solapen o estén en la frontera de invadir las potestades administrativas del personal funcionario, lo cual es aplicable a la inmensa mayoría de dicho personal, existiendo por tanto sobradas causas técnicas y organizativas para activar el despido colectivo previsto en el RD 1483/2012, art 34 y siguientes y proceder a la creación de plazas funcionariales, sobre todo del Cuerpo de Ciencias Sociales y del Trabajo en el ámbito del empleo (A1.2028) .
Todas estas actuaciones, indicó, deben tenerse en cuenta en la redacción del actual e inasumible Anteproyecto de Ley de Función Pública, donde no solamente se mantiene la situación descrita anteriormente, sino que se AGRAVA, al generalizar la libre designación en vez de eliminarla (o recortarla para los niveles 30), o al permitir en su art. 14.4.f) que el personal laboral pueda realizar funciones de “apoyo técnico a las propias que implican ejercicio de autoridad”, redacción nunca antes vista y que ampararía el mantenimiento del personal de la Administración paralela, así como que el anteproyecto debe introducir una fecha de finalización para proceder a los despidos (amortización) de las plazas o puestos ocupados por el personal indefinido no fijo y resolución de nuevas OEP para proveer dichos puestos por personal funcionario en la texto del Anteproyecto.
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