El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha mantenido una ronda de contactos con los Grupos Parlamentarios andaluces, a excepción del PSOE que todavía no ha contestado a nuestra petición, en los que se les ha transmitido nuestro malestar y la preocupación del personal funcionario en relación con la NO convocatoria del concurso de méritos y la publicación del Anteproyecto de Ley de Función Pública.
En relación con el Concurso de Méritos, les recordamos a los grupos que el último concurso se convocó en diciembre de 2018 y se resolvió en octubre de 2019. Desde esta fecha hasta hoy no se ha efectuado convocatoria alguna. O lo que es lo mismo, desde que está el nuevo equipo de Función Pública (lo de nuevo es por la persona que dirige esta Dirección General) no se ha convocado dicho concurso, con el consiguiente incumplimiento normativo que lo regula.
Pusimos sobre la mesa el daño irreparable en la carrera administrativa de miles de funcionarios, con el agravante que se produce sobre aquellas personas desplazadas de sus localidades de origen y que tienen el concurso de méritos como único cauce para el retorno a dichas localidades.
Dejamos constancia que a la D.G. de Recursos Humanos y Función Pública se le habían terminado todas esas burdas excusas para retrasar cada día más la convocatoria. También les informamos de lo manifestado por la representante de dicha Dirección General en la última Mesa Sectorial de 26 de marzo, en la que sin ningún tipo de rubor afirmó lo de: “Con mucha suerte y sin ningún tipo de garantías, el concurso podría tener plazo de presentación de solicitudes en el mes de julio de 2021. Antes de esa fecha es absolutamente inviables y no se garantiza que seamos capaces de conseguirlo”. Parece ser que ahora el azar, la suerte, va a ser determinante para el funcionamiento de la administración…
Hemos solicitado que desde el Parlamento de Andalucía se interesen por esta grave problemática e instaran al gobierno andaluz para que a la mayor brevedad se haga posible la convocatoria del esperado concurso de méritos. Ante esta petición son dos Grupos Parlamentarios los que ya han presentado iniciativas a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior sobre este tema.
El otro tema que se ha tratado ha sido el Anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía, texto que ha nacido totalmente deslegitimado ya que en el mismo no ha participado la Organización Sindical mayoritaria desde 2011 en el sector de Administración General, sector que será donde se aplique la futura Ley.
Hemos dejado constancia que esta Ley afecta casi en exclusiva al personal funcionario de la administración general, ya que el personal funcionario de educación, salud y justicia tienen su propia normativa, y el personal laboral está sujeto a su convenio. Aun así, el SAF no ha participado ni en los grupos de trabajo de su elaboración ni en la prometida negociación en Mesa Sectorial… porque NO ha pasado por la misma. Les hicimos participes que pese a que la actual redacción del anteproyecto de Ley es objetivamente lesiva para los derechos de nuestro colectivo funcionarial, tanto CSIF como UGT en una actitud que nos resulta completamente incompresible, se congratulaban por el resultado obtenido y por su participación en la redacción.
Desde la Junta de Andalucía se ha elaborado un anteproyecto de Ley nefasto, excluyéndonos a los sindicatos mayoritarios en la Mesa Sectorial (SAF e ISA) y haciendo creer a los únicos dos sindicatos que lo apoyan (CSIF y UGT) que en el trámite parlamentario se podrán introducir enmiendas, para ahora tratar de sustraerlo del debate parlamentario e intentar aprobarlo sin cambiarle ni una sola coma.
Hemos tenido el respaldo y el compromiso de algunos Grupos Parlamentarios a la hora de que no se alcanzará el acuerdo necesario para la tramitación en lectura única, tal como deseaba el consejero Bendodo. Esto abre una puerta a la esperanza de que este anteproyecto pueda ser enmendado en sus aspectos más lesivos o incluso que pudiera ser rechazado en sede parlamentaria, a pesar de la urgencia que prima en su aprobación.
Pusimos de manifiesto, con pruebas y evidencias, que tanto desde la Secretaría General para la Administración Pública como desde la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, se está impidiendo que el sindicato mayoritario del sector de Administración General defienda los intereses de sus representados, que legalmente y mediante elecciones sindicales eligieron quiénes iban a ser sus representantes ante la administración. Un auténtico atentado a la Libertad Sindical, consagrado como Derecho Fundamental en nuestro ordenamiento jurídico.
También les hemos informado a los grupos parlamentarios de la petición que desde el SAF hemos hecho al Presidente de la Junta de Andalucía del cese inmediato de las dos máximas responsables de tanta ineficacia e ineficiencia: la Secretaria General para la Administración Pública, Dª Ana Vielba Gómez, y la Directora General de Recursos Humanos y Función Pública, Dª Natalia Márquez García. Su pésima gestión, la falta absoluta de liderazgo de recursos humanos, el no asumir las responsabilidades de lo que ahora los jueces están enmendando y el desprecio sindical que están mostrando para con este sindicato mayoritario en la representación del sector funcionarial de administración general desde que asumieron sus cargos políticos hace más de dos años, nos parecen razones más que suficientes y así se las hemos expuesto al Presidente de la Junta de Andalucía.
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