El Consejo de Gobierno aprueba hoy el anteproyecto de Ley de Función Pública ignorando por completo al SAF, sindicato más representativo de los Funcionarios andaluces desde el año 2011.
Ante todo, y para no caer en confusiones y engaños, queremos dejar claro que la Ley de Función Pública es la Ley que rige el régimen jurídico del personal funcionario de Administración General de la Junta de Andalucía, como claramente delimita su propio ámbito de aplicación, pues aunque incluye en el mismo al personal funcionario de administración general de la Junta de Andalucía y al laboral de VI convenio colectivo, al personal docente no universitario, personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud y el personal de la Administración de Justicia , acto seguido delimita que el personal laboral se rige por el derecho laboral, y el docente no universitario, estatutario y de justicia se rigen por su normativa específica. Es decir, esta Ley rige en exclusiva para el Personal Funcionario de Administración General de la Junta de Andalucía y únicamente de manera supletoria para el resto, al disponer de su propia normativa y ámbitos de negociación.
Paradójicamente, en ningún momento del proceso de elaboración de este anteproyecto de Ley se ha escuchado, invitado a participar, ni oídas las sugerencias que podía aportar la organización sindical más representativa en los últimos 10 años en Andalucía, el Sindicato Andaluz de Funcionarios. Hasta tal punto llega dicho ninguneo, que la primera noticia que tenemos sobre este anteproyecto nos llegó el pasado 12 de febrero, cuando SAF es convocado a una reunión telemática, protocolaria y de urgencia a celebrar el día 15, con la Secretaria General para la Administración Pública, en la que se nos explica de viva voz, durante una hora, sin documentación alguna, los puntos principales del texto del anteproyecto. Esa misma tarde, se escenifica la firma del anteproyecto.
Este texto del anteproyecto de Ley de función pública andaluza parece ser que ha pasado por un proceso de elaboración de un año, en cuatro grupos de trabajo, constituidos en enero del año 2020. Desde un primer momento, desde el SAF solicitamos la participación en dichos Grupos de Trabajo con total legitimación en base a nuestra representatividad, desoyéndonos por completo y siempre con el argumento de dar cabida en exclusividad en estos grupos a los sindicatos de Mesa General, que curiosamente tienen todos ellos presencia dentro de la denominada Administración Paralela, objetivo en su día, por otra parte, de medidas de desaparición/reducción y recortes en el programa electoral del partido en el Gobierno. A estas alturas no nos sorprende, dado que desde que se inició el gobierno del PP y Ciudadanos hemos asistido a un incumplimiento tras otro de sus promesas electorales con respecto a la Administración. Sirva el ejemplo de la eliminación de los puestos de libre designación (no se ha eliminado ni un sólo puesto sino que se han creado más) o el anteriormente comentado del desmantelamiento de la Administración Paralela, en la cual sigue absolutamente todo el personal integrado en las Agencias, con una nueva vuelta de tuerca al integrar ahora a este colectivo en Agencias Administrativas (Agencia Digital de Andalucía), extremo éste al que no se atrevió el gobierno anterior del PSOE.
Todo ello sin mencionar los vergonzosos procesos de acceso a la condición de personal funcionario interino en base al primero en mandar un correo electrónico, y que ahora los Tribunales están declarando nulos uno tras otro, tras demandas del SAF.
Los únicos sindicatos que sí han participado en los grupos de trabajo de elaboración del texto del anteproyecto han sido UGT, CCOO y CSIF, que dentro de la Administración General de la Junta y sus Agencias, tienen su mayor representatividad en el personal laboral de VI convenio Colectivo y en el personal laboral de las Agencias, conformado este último por el personal subrogado integrante de la llamada Administración Paralela que nunca se ha llegado a saber cómo ha entrado en la Administración andaluza. En definitiva, se ha elaborado un texto dirigido casi en exclusiva a personal funcionario, escuchando a los sindicatos que tienen su mayor representatividad en el personal laboral de Administración General… y a personas ajenas a la administración andaluza.
Entendemos desde SAF un absoluto desprecio por parte del gobierno hacia su propio personal funcionario y los legítimos representantes del mismo, lo cual podría traer que, por ejemplo, uno de los grupos de trabajo, “Potestades administrativas”, en el que se debía dilucidar qué funciones puede hacer –o no- el personal laboral de las Agencias sin invadir potestades públicas, no se han tenido en cuenta las numerosas sentencias ganadas por nuestra organización sindical a este respecto. Nos preocupa en exceso que a este respecto de las potestades administrativas, la S.G.A.P. en la reunión que mencionamos anteriormente, afirmó que “abogaban por una regulación no amplia del concepto de potestades públicas” (lo cual facilita el mantenimiento y extensión de la denominada Administración Paralela) pero tampoco se nos aclaró el significado de una regulación no amplia del concepto de potestades públicas.
Esta ha sido y es la postura del gobierno andaluz, y sus representantes en Administración Pública, con el Sindicato Andaluz de Funcionarios: el ninguneo constante, rayando en desprecio. No pretenden negociar, no desean conocer nuestra legítima opinión sobre asuntos de nuestra total competencia y se nos oculta la información básica sobre el nuevo régimen jurídico de los funcionarios.
Hasta lo que el Sindicato Andaluz de Funcionarios ha podido saber, en el articulado del anteproyecto se incumple la propia legislación básica estatal para no negociar con los sindicatos independientes de funcionarios (aquellos cuyos afiliados únicamente son funcionarios). Cuando el documento llegue a nuestra organización tendremos ocasión de valorarlo en su integridad, pero mucho nos tememos la existencia de preceptos incursos en causa de inconstitucionalidad, por la negativa de querer negociar con los funcionarios, o en discrepancias con la normativa básica del TREBEP.
Desde el SAF somos testigos de que la Administración General de la Junta de Andalucía está sufriendo un proceso de politización y desprofesionalización de la Función Pública. Entendemos que crear una Ley de Función Pública sin contar con los representantes legítimos del personal funcionario no es de recibo, resultando preocupante el incumplimiento sistemático de las promesas electorales del gobierno del cambio en temas tan específicos como el desmantelamiento de la Administración paralela y la proliferación del procedimiento de la libre designación para los puestos clasificados en intervalos de niveles 26 a 30 (esto es, nombramiento discrecional de personal funcionario que cargos políticos hacen en base a la “idoneidad”, en vez de realizarse por concurso atendiendo únicamente al mérito y la capacidad). Esteremos muy atentos a lo que nos depara esta nueva Ley que se prepara para los Funcionarios, sin contar con los Funcionarios y no regatearemos esfuerzos para que nuestra opinión y experiencia sean escuchadas, por el bien de la ciudadanía en general.
SEGUIREMOS INFORMANDO
Ante todo, y para no caer en confusiones y engaños, queremos dejar claro que la Ley de Función Pública es la Ley que rige el régimen jurídico del personal funcionario de Administración General de la Junta de Andalucía, como claramente delimita su propio ámbito de aplicación, pues aunque incluye en el mismo al personal funcionario de administración general de la Junta de Andalucía y al laboral de VI convenio colectivo, al personal docente no universitario, personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud y el personal de la Administración de Justicia , acto seguido delimita que el personal laboral se rige por el derecho laboral, y el docente no universitario, estatutario y de justicia se rigen por su normativa específica. Es decir, esta Ley rige en exclusiva para el Personal Funcionario de Administración General de la Junta de Andalucía y únicamente de manera supletoria para el resto, al disponer de su propia normativa y ámbitos de negociación.
Paradójicamente, en ningún momento del proceso de elaboración de este anteproyecto de Ley se ha escuchado, invitado a participar, ni oídas las sugerencias que podía aportar la organización sindical más representativa en los últimos 10 años en Andalucía, el Sindicato Andaluz de Funcionarios. Hasta tal punto llega dicho ninguneo, que la primera noticia que tenemos sobre este anteproyecto nos llegó el pasado 12 de febrero, cuando SAF es convocado a una reunión telemática, protocolaria y de urgencia a celebrar el día 15, con la Secretaria General para la Administración Pública, en la que se nos explica de viva voz, durante una hora, sin documentación alguna, los puntos principales del texto del anteproyecto. Esa misma tarde, se escenifica la firma del anteproyecto.
Este texto del anteproyecto de Ley de función pública andaluza parece ser que ha pasado por un proceso de elaboración de un año, en cuatro grupos de trabajo, constituidos en enero del año 2020. Desde un primer momento, desde el SAF solicitamos la participación en dichos Grupos de Trabajo con total legitimación en base a nuestra representatividad, desoyéndonos por completo y siempre con el argumento de dar cabida en exclusividad en estos grupos a los sindicatos de Mesa General, que curiosamente tienen todos ellos presencia dentro de la denominada Administración Paralela, objetivo en su día, por otra parte, de medidas de desaparición/reducción y recortes en el programa electoral del partido en el Gobierno. A estas alturas no nos sorprende, dado que desde que se inició el gobierno del PP y Ciudadanos hemos asistido a un incumplimiento tras otro de sus promesas electorales con respecto a la Administración. Sirva el ejemplo de la eliminación de los puestos de libre designación (no se ha eliminado ni un sólo puesto sino que se han creado más) o el anteriormente comentado del desmantelamiento de la Administración Paralela, en la cual sigue absolutamente todo el personal integrado en las Agencias, con una nueva vuelta de tuerca al integrar ahora a este colectivo en Agencias Administrativas (Agencia Digital de Andalucía), extremo éste al que no se atrevió el gobierno anterior del PSOE.
Todo ello sin mencionar los vergonzosos procesos de acceso a la condición de personal funcionario interino en base al primero en mandar un correo electrónico, y que ahora los Tribunales están declarando nulos uno tras otro, tras demandas del SAF.
Los únicos sindicatos que sí han participado en los grupos de trabajo de elaboración del texto del anteproyecto han sido UGT, CCOO y CSIF, que dentro de la Administración General de la Junta y sus Agencias, tienen su mayor representatividad en el personal laboral de VI convenio Colectivo y en el personal laboral de las Agencias, conformado este último por el personal subrogado integrante de la llamada Administración Paralela que nunca se ha llegado a saber cómo ha entrado en la Administración andaluza. En definitiva, se ha elaborado un texto dirigido casi en exclusiva a personal funcionario, escuchando a los sindicatos que tienen su mayor representatividad en el personal laboral de Administración General… y a personas ajenas a la administración andaluza.
Entendemos desde SAF un absoluto desprecio por parte del gobierno hacia su propio personal funcionario y los legítimos representantes del mismo, lo cual podría traer que, por ejemplo, uno de los grupos de trabajo, “Potestades administrativas”, en el que se debía dilucidar qué funciones puede hacer –o no- el personal laboral de las Agencias sin invadir potestades públicas, no se han tenido en cuenta las numerosas sentencias ganadas por nuestra organización sindical a este respecto. Nos preocupa en exceso que a este respecto de las potestades administrativas, la S.G.A.P. en la reunión que mencionamos anteriormente, afirmó que “abogaban por una regulación no amplia del concepto de potestades públicas” (lo cual facilita el mantenimiento y extensión de la denominada Administración Paralela) pero tampoco se nos aclaró el significado de una regulación no amplia del concepto de potestades públicas.
Esta ha sido y es la postura del gobierno andaluz, y sus representantes en Administración Pública, con el Sindicato Andaluz de Funcionarios: el ninguneo constante, rayando en desprecio. No pretenden negociar, no desean conocer nuestra legítima opinión sobre asuntos de nuestra total competencia y se nos oculta la información básica sobre el nuevo régimen jurídico de los funcionarios.
Hasta lo que el Sindicato Andaluz de Funcionarios ha podido saber, en el articulado del anteproyecto se incumple la propia legislación básica estatal para no negociar con los sindicatos independientes de funcionarios (aquellos cuyos afiliados únicamente son funcionarios). Cuando el documento llegue a nuestra organización tendremos ocasión de valorarlo en su integridad, pero mucho nos tememos la existencia de preceptos incursos en causa de inconstitucionalidad, por la negativa de querer negociar con los funcionarios, o en discrepancias con la normativa básica del TREBEP.
Desde el SAF somos testigos de que la Administración General de la Junta de Andalucía está sufriendo un proceso de politización y desprofesionalización de la Función Pública. Entendemos que crear una Ley de Función Pública sin contar con los representantes legítimos del personal funcionario no es de recibo, resultando preocupante el incumplimiento sistemático de las promesas electorales del gobierno del cambio en temas tan específicos como el desmantelamiento de la Administración paralela y la proliferación del procedimiento de la libre designación para los puestos clasificados en intervalos de niveles 26 a 30 (esto es, nombramiento discrecional de personal funcionario que cargos políticos hacen en base a la “idoneidad”, en vez de realizarse por concurso atendiendo únicamente al mérito y la capacidad). Esteremos muy atentos a lo que nos depara esta nueva Ley que se prepara para los Funcionarios, sin contar con los Funcionarios y no regatearemos esfuerzos para que nuestra opinión y experiencia sean escuchadas, por el bien de la ciudadanía en general.
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