Según informaciones a las que hemos tenido acceso desde SAF, la Comisión de Secretarios Generales Provinciales de Granada se reunió el día 10 de noviembre y se habrían acordado las siguientes medidas, no sabemos si a instancia o no (por la escasa información que se nos facilita) de los máximos responsables de la Función Pública andaluza:
“1. Como norma general, se concederá un máximo del 60 % (3 días) de teletrabajo al personal que así lo solicite. En casos muy concretos y excepcionalmente, ese porcentaje podría elevarse al 100 %. No se podrán autorizar aquellas actividades establecidas como servicios esenciales.
2. Se debe garantizar en cada Servicio/Centro, la cobertura de, al menos, el 50 % de su personal.
3. La persona que ya tenga presentada una solicitud de teletrabajo y quiera ampliar el número de días, deberá aportar una nueva, indicando los días adicionales.
4. Se emitirá una única resolución conjunta, donde aparezcan relacionados los nombres de las personas y el período que tienen autorizado.
5. Se establece como fecha límite para la presentación de nuevas solicitudes, hasta el próximo viernes, 13 de noviembre”.
Asimismo, se nos informó que al parecer se tiene pensado denegar el teletrabajo al personal interino, lo que supondría un trato discriminatorio injustificable, en la que la denegación del teletrabajo estaría basada en la modalidad de acceso, a lo que hay que añadir también las denegaciones sistemáticas de teletrabajo al personal administrativo de IES, Agentes de Medio Ambiente y personal de Oficinas Comarcales agrarias y Oficinas del SAE. En último lugar, también hemos tenido conocimiento que por órdenes de la Secretaría General de Administración Pública, todo el personal administrativo de las Delegaciones Territoriales de Educación y Salud en Granada, seguirán con un máximo del 20 % de teletrabajo debido a que la Educación y la Sanidad son servicios esenciales, otro gravísimo error, pues el personal administrativo (que no es personal docente ni sanitario) puede llevar a cabo el desempeño de sus funciones mediante la modalidad del trabajo a distancia, como ya sucedió en los meses de marzo a junio, y como reconoce el propio Apartado Segundo.2 del Pacto de Mesa General de 14 de septiembre de 2020 al establecer que son compatibles con el trabajo a distancia las funciones de “asesoramiento jurídico y técnico”, “gestión administrativa”, “grabación de datos en aplicaciones informáticas”, “tareas comunes de carácter administrativo” etcétera, es decir, la mayoría de tareas realizadas por el personal funcionario de Administración General que presta servicios en las Delegaciones Territoriales de Salud y Educación.
Por todo ello, ayer día 11 de noviembre, desde el SAF presentamos escrito a la Secretaría General para la Administración Pública (con copia del mismo a la Delegación del Gobierno de Granada) haciendo constar todos estos incumplimientos del acuerdo de Mesa General y exigiendo que dicten con carácter inmediato las instrucciones pertinentes para que en la provincia de Granada se cumpla con lo pactado, y se establezca el trabajo a distancia como modalidad general. También hemos solicitado que se prohíba la sistemática denegación de teletrabajo al personal interino y, en último lugar, que se apruebe el teletrabajo en virtud a las funciones que son susceptibles del mismo, como es lógico, y no en base a la pertenencia a una u otra Delegación Provincial. El teletrabajo debe ser tan aplicable al personal funcionario que presta servicios en la Delegación Territorial de Educación y en la de Salud, como al personal de las Oficinas y Centros de Empleo, OCAs, como al resto de personal funcionario.
A día de hoy, jueves 12 de noviembre de 2020, desde SAF podemos afirmar con rotundidad que en la provincia de Granada no se ha establecido el teletrabajo como modalidad general de funcionamiento, sino que parece que aquí no ha pasado nada (ni sanitaria ni normativamente) y se siguen prestando la totalidad de servicios de manera presencial.
Mientras que el Presidente y Vicepresidente de la Junta de Andalucía están manifestando ante los medios de prensa que de ser por ellos habrían acordado el confinamiento domiciliario en Granada, a la vez se está obligando a su personal funcionario de Administración General a trabajar presencialmente en los edificios administrativos, como el de Joaquina Eguaras, con más de 1400 funcionarios (si contamos también personal laboral y resto de personal, 3000 o más personas), y los centenares que hay en cada Delegación, con la afluencia que ello supone en los medios públicos de transporte en los horarios de entrada/salida y el riesgo de contagio en los propios centros de trabajo, para un personal cuyas funciones son susceptibles de teletrabajo.
A fecha actual (12 de noviembre) y ya con tres días de retraso, se encuentra el personal funcionario de la provincia de Granada presentando la nueva solicitud de teletrabajo, que se supone que será para un máximo del 60 % semanal, contradiciendo el propio pacto. De aquí a que se resuelva, ya habrán transcurrido los quince días de vigencia (hasta el 24 de noviembre) establecidos en el Decreto 9/2020. Increíble pero cierto.
Desde el SAF tenemos claro que todo contagio que se produzca como consecuencia de la concurrencia masiva de personal en los edificios administrativos desde el día 10 de noviembre en Granada será consecuencia de la actuación negligente, bien de los máximos responsables de los centros directivos de la función pública andaluza o bien de los máximos responsables de la propia Delegación del Gobierno en Granada y de cada Delegación Territorial de Granada, y así lo hemos expresado en nuestro escrito del día de ayer a la Secretaría General para la Administración Pública.
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