EL SAF IMPUGNA EL CONTRATO DE SERVICIOS DEL SAE SOBRE  COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE COLOCACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS.

EL NUEVO GOBIERNO VA MÁS ALLÁ DE LA REORDENACIÓN DEL GOBIERNO SOCIALISTA DEL 2012 Y A LA SUBROGACIÓN DE PERSONAL EXTERNO EN EMPLEO PRETENDE AÑADIR AHORA LA PRIVATIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN LABORAL EN AGENCIAS DE COLOCACIÓN. 

Se ha publicado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía la licitación de un contrato de servicios del Servicio Andaluz de Empleo para la contratación de Agencias de Colocación y la colaboración de las mismas en la realización de trabajos de inserción en el mercado laboral de personas desempleadas.

En el Objeto del contrato se prevé que la agencia adjudicataria de cada lote:
 “... llevará a cabo servicios de inserción laboral que tendrán una naturaleza integral, y que comprenderán cualesquiera actuaciones de orientación, formación, intermediación, ayuda en la búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo, promoción de candidatos u otras, que sean necesarias para alcanzar el objetivo de la inserción efectiva del desempleado”, especificándose, en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que realizaran, entre otras cosas, la “entrevista diagnostico” y la “realización de alguna de las actividades señaladas en el Itinerario Personalizado de Inserción”  …. así como “El Acuerdo de Participación firmado por la agencia de Colocación adjudicataria o en su representación, el orientador designado al efecto, y el demandante de empleo, donde se recogerán las acciones a desarrollar para la mejora de la empleabilidad”.  

Los requisitos de personal que se exige a las Agencias de colocación, únicamente (según el Pliego) son: “…como mínimo 2 técnicos. En todo caso, el 50% de ellos deberá ser titulado universitario, medio o superior o grado equivalente, y el otro 50% deberá contar con una experiencia mínima de 12 meses en programas de empleo y/o gestión de recursos humanos”.

Todo ello a pesar de que ya existen funcionarios en el S.A.E., puesto que en cada provincia existe un Servicio de Intermediación e Inserción Laboral, con sus respectivos departamentos de Orientación y de Intermediación, además de que muchas  Oficinas y Centros de Empleo cuentan con un Área de Intermediación Laboral, a lo que hay que añadir la existencia de un Cuerpo Funcionarial Específico, A1.2028, de Ciencias Sociales y del Trabajo, entre cuyo temario se incluyen de manera específica todas y cada una de las funciones que se pretenden privatizar:

 “Tema 44. Fases del proceso de orientación: Captación y acceso al servicio, acogida, recogida de información, intervención y finalización del proceso. Tema 45. Itinerarios Personalizados de Inserción como marco de gestión de las Políticas Activas de Empleo. Concepto de itinerario. Destinatarios. Fases. Tema 49. Estrategias para la búsqueda activa de empleo: Análisis del mercado de trabajo. Definición del objetivo profesional. Valoración de las técnicas de búsqueda activa de empleo. Estrategias para mejora de la empleabilidad. Tema 51. Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo (II). La entrevista de selección: Finalidad y tipos. Fases de la entrevista de selección, estrategias para el abordaje e instrumentos. El marketing personal y el auto candidatura. Tema 53. La entrevista, etcétera).

En definitiva, si hace falta MÁS personal para la orientación LABORAL, a la Administración le basta con dotar PUESTOS DESDOTADOS existentes en las Relaciones de Puestos de Trabajo y ocuparlos con personal interino. O sacar a OEP uno o dos puestos del Cuerpo A1.2028 por  provincia, y no gastar del erario público más de 3 millones de euros en un contrato con un plazo máximo de duración de 2 años.

Desde el SAF no podemos admitir que el Gobierno actual, que en sus décadas en la oposición luchaba contra la reordenación y el enchufismo en Empleo (Faffes, UTDLTs,…) ahora no solamente mantiene a este personal que entró por la puerta de servicio socialista, sino que agranda la Administración Paralela por medio de Agencias privadas de Colocación, y todo ello para la realización de funciones atribuidas y reconocidas a su propio personal funcionario.