La situación existente desde hace ya demasiados días en la sede de Manuel Siurot de la Consejería de Agricultura, ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible… se está volviendo insostenible: La huelga del personal de limpieza de la empresa concesionaria (EXPERTUS), embargada y en manos de un administrador concursal, ha llevado a estas personas a una situación alarmante (sin cobrar una nómina íntegra desde octubre) y a ejercer su derecho legítimo a la huelga.

Este derecho a la huelga trae como consecuencia la situación de desamparo en cuanto a la limpieza y falta de salubridad de unas dependencias que, si bien no están abiertas a la atención directa a la ciudadanía, sí están ocupadas por cientos de personas (funcionarias o no) que sufren este deterioro y en algunos casos (llámese embarazadas) con un riesgo biológico más que evidente.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha dirigido un escrito a principios de esta semana al Secretario General Técnico de esta Consejería, como máximo responsable de la Unidad de Prevención, en el que se alerta de la situación que está generando esta huelga: no sólo por los olores en todas las zonas, sino por el estado de los cuartos de baño (donde los interesados deben llevar su propio papel higiénico), o el de la zona de descanso de embarazadas. A mayores, también se ha denunciado la fuente de incomodidad y molestias acústicas para personas sensibles o no a los ruidos diarios ocasionados con las lícitas concentraciones (no solicitadas ni autorizadas por la autoridad competente) de los trabajadores de limpieza afectados.

Nos consta en el SAF que se está trabajando en la resolución del problema. Que la Consejería parece ser que no se tiene “derecho” al establecimiento de servicios mínimos por NO tratarse de unidades de cara al público. Que se están buscando otras estrategias que por lo menos puedan paliar el riesgo biológico de infecciones, y que la Junta de Andalucía ha abonado religiosamente en tiempo y forma los pagos a la empresa EXPERTUS. Otra cosa es que este dinero haya llegado a las cuentas de sus trabajadores, antes del embargo decretado. Confiamos que la persona designada como administradora concursal se haga cargo de todas estas circunstancias y sus efectos colaterales.

En el escrito presentado por el SAF se solicita la urgente y definitiva solución del conflicto, entendiendo éste como una situación irrespirable para las personas que trabajan allí (ya que la situación judicial de la Empresa de limpieza no está en manos de la Junta de Andalucía) y que entretanto, se proteja la salud de las personas afectadas por la posible exposición a los efectos de patógenos biológicos, más allá de la previsible aparición de seguir la cosa así, de insectos y roedores.

Finalmente, tras los múltiples e infructuosos intentos verbales de varios representantes del Sindicato Andaluz de Funcionarios dirigidos a buscar una solución, en base al procedimiento especial de actuación inspectora, se hace constar que si en el plazo de 7 días (desde la recepción del escrito) no se realizan las medidas solicitadas, se presentará la correspondiente denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, siempre desde nuestro compromiso con la prevención de riesgos laborales, al entender que se ha incumplido con lo descrito en los Artículos 3 y 5 y los Anexos II,III y V del Real Decreto 486/1997, lo que entendemos desde el SAF como una grave conculcación de derechos de los funcionarios públicos.

Entretanto, sólo nos queda apelar a la paciencia: de los huelguistas y de los funcionarios públicos.

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