Nuevo éxito judicial del Sindicato Andaluz de Funcionarios en su lucha en solitario contra la “administración paralela”.
EL 27 de octubre de 2018, el SAF presentó recurso contencioso administrativo contra el Protocolo de actuación para el ejercicio, por parte de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), de sus competencias y funciones a través de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAS), aprobado por el Viceconsejero de la Consejería de agricultura pesca y desarrollo rural de la Junta de Andalucía el 2 de octubre de 2017. 
Los motivos, muy sencillos, el haber otorgado al personal laboral subrogado de la AGAPA la participación en el desempeño de potestades públicas. Por ello se solicitó en dicho recurso “La nulidad del apartado referente al ejercicio de potestades públicas por la Agencia, por ser contrario a la reserva funcionarial de funciones previstos en la ley…”
Pues bien, el Juzgado nº 12 de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, en sentencia de 18 de octubre de 2019, ha estimado en parte el recurso presentado por el SAF. Concretamente declara la nulidad del Protocolo en el apartado referente a lo que dice “podrían considerarse funciones o tareas complementarias y de auxilio al ejercicio de potestades públicas y que por tanto podrán ser desempeñadas por el personal laboral de la agencia”.
Dicta la Sentencia que el Protocolo supone “una alteración de la RPT de la Agencia al atribuir al personal laboral de la Agencia funciones no previstas para desarrollar por el personal laboral…”. Y a mayor abundamiento recuerda “que no solo están reservadas a los funcionarios aquellas funciones que exija el ejercicio de las potestades públicas, sino que el artículo 9.2 del TREBEP les reserva también las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en la salvaguardia de los intereses general de las Administraciones públicas si bien en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración pública se establezca.”
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, en solitario, sigue luchando en la defensa de los derechos de los funcionarios públicos. Una lucha que no va a cejar un instante ya que desde el SAF no vamos a tolerar más ilegalidades y pondremos en mano de los Tribunales de Justicia todas las usurpaciones de funciones públicas de las que tengamos constancia y en cualquier ámbito (SAE, AGAPA, etc.) porque recordamos las ves que haga falta que el desarrollo de las potestades públicas está reservado en exclusiva a los funcionarios.
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