Denuncia del SAF por USURPACIÓN de funciones públicas, PREVARICACIÓN, NEGOCIACIONES y ACTIVIDADES PROHIBIDAS a funcionarios públicos, FRAUDE en la contratación administrativa y FALSEDAD documental a ex cargos socialistas relacionados con la formación en Economía Social.
El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla investiga, tras la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios, a una veintena de ex altos cargos de la Junta por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación, relacionados con una serie de contratos privados a particulares que hizo la entonces Consejería de Economía e Innovación para que personal externo y sin competencias inspeccionara cursos de formación en economía social, entre otras tareas encomendadas de forma irregular.
Tras la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios, el juez de refuerzo de este juzgado, José Ignacio Vilaplana, amplió el número de investigados (inicialmente cuatro personas), con diez nuevas personas, entre las que está el exalcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, por su etapa como delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación entre 2010 y 2011, como informó en su día el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los nuevos investigados -antes imputados- se unen a los once que ya acumulaba una causa que comenzó a investigarse el 9 de septiembre de 2013.
La denuncia inicial del SAF, se dirigía contra cuatro personas: el entonces viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Luis Nieto Ballesteros; la secretaria general técnica de esta consejería, Ana María Robina; una jefa de servicio; y la firmante de un documento administrativo como inspectora de la Administración, sin ser funcionaria. Sin embargo, las pesquisas judiciales han terminado salpicando a una veintena de ex altos cargos, entre los que están los EXdelegados provinciales de la Consejería de Economía e Innovación en Jaén, Almería, Málaga, Cádiz y Granada, y a los jefes de servicio de Sevilla, Huelva y Córdoba, algunos aún en activo y, con “el Gobierno del cambio”, en los mismos puestos.
En esta investigación judicial se están analizando las contrataciones a particulares que se hicieron en 2.010 y 2.011 desde la Consejería de Economía e Innovación para realizar trabajos, atribuyendo funciones y potestades que sólo pueden realizar funcionarios públicos.
Además, se están estudiando las razones que han llevado a acudir a procedimientos de contratación excepcionales (como es el contrato menor que puede ser de adjudicación directa), alterando el procedimiento ordinario de publicidad y libre concurrencia.
Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios se afirmó que la investigación abarca contratos de todo tipo. Hay un sinfín de actos de la Administración andaluza que están bajo sospecha y con riesgo de ser declarados nulos, al no estar firmados por funcionarios. Los asuntos están relacionados con subvenciones, actas de infracción y sanciones.
El auto destaca que «la atribución ilegítima de funciones públicas» que se hizo en la Consejería de Economía habría venido «acompañada de la entrega de documentación administrativa, posteriormente utilizada por cada contratista en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas».
Estos documentos cuentan con «membrete o encabezamiento oficial de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo y aparecen firmados por los propios contratistas bajo la rúbrica 'Por la Administración (El Inspector)'; quedando así materializado por los contratistas el ejercicio de las potestades inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios y, por tanto, no ser inspectores oficiales de la Administración autonómica, figurando indebidamente como tales en el correspondiente expediente administrativo al que dicha documentación tenía por destino incorporarse», describe el auto.
Tras la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios, el juez de refuerzo de este juzgado, José Ignacio Vilaplana, amplió el número de investigados (inicialmente cuatro personas), con diez nuevas personas, entre las que está el exalcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, por su etapa como delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación entre 2010 y 2011, como informó en su día el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los nuevos investigados -antes imputados- se unen a los once que ya acumulaba una causa que comenzó a investigarse el 9 de septiembre de 2013.
La denuncia inicial del SAF, se dirigía contra cuatro personas: el entonces viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Luis Nieto Ballesteros; la secretaria general técnica de esta consejería, Ana María Robina; una jefa de servicio; y la firmante de un documento administrativo como inspectora de la Administración, sin ser funcionaria. Sin embargo, las pesquisas judiciales han terminado salpicando a una veintena de ex altos cargos, entre los que están los EXdelegados provinciales de la Consejería de Economía e Innovación en Jaén, Almería, Málaga, Cádiz y Granada, y a los jefes de servicio de Sevilla, Huelva y Córdoba, algunos aún en activo y, con “el Gobierno del cambio”, en los mismos puestos.
En esta investigación judicial se están analizando las contrataciones a particulares que se hicieron en 2.010 y 2.011 desde la Consejería de Economía e Innovación para realizar trabajos, atribuyendo funciones y potestades que sólo pueden realizar funcionarios públicos.
Además, se están estudiando las razones que han llevado a acudir a procedimientos de contratación excepcionales (como es el contrato menor que puede ser de adjudicación directa), alterando el procedimiento ordinario de publicidad y libre concurrencia.
Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios se afirmó que la investigación abarca contratos de todo tipo. Hay un sinfín de actos de la Administración andaluza que están bajo sospecha y con riesgo de ser declarados nulos, al no estar firmados por funcionarios. Los asuntos están relacionados con subvenciones, actas de infracción y sanciones.
El auto destaca que «la atribución ilegítima de funciones públicas» que se hizo en la Consejería de Economía habría venido «acompañada de la entrega de documentación administrativa, posteriormente utilizada por cada contratista en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas».
Estos documentos cuentan con «membrete o encabezamiento oficial de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo y aparecen firmados por los propios contratistas bajo la rúbrica 'Por la Administración (El Inspector)'; quedando así materializado por los contratistas el ejercicio de las potestades inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios y, por tanto, no ser inspectores oficiales de la Administración autonómica, figurando indebidamente como tales en el correspondiente expediente administrativo al que dicha documentación tenía por destino incorporarse», describe el auto.
ABC: Procesan al exalcalde socialista de Granada y otros ex altos cargos de la Junta por prevaricación
