Con la aprobación en el día de ayer, por parte del Pleno del Parlamento de Andalucía, de la propuesta de toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) relativa a aplicación en exclusividad del sistema de concurso para los procesos selectivo de Estabilización del empleo temporal en la Junta de Andalucía, queda a las claras que ese Parlamento no legisla para todos los ciudadanos, sino que lo hace para unos pocos.
Una ILP, que jurídicamente no se sostiene –como ha quedado demostrado en las intervenciones - y que lo que viene a regular es que por la “gracia de Dios”, con el Parlamento de Andalucía como conducto legal, un grupo concreto de ciudadanos accedan a la condición de funcionario de carrera de la administración andaluza. Una ILP que quiere regular unos procesos selectivos “ad hoc”, con nombres, apellidos y DNI… Por no hablar que invade competencias del Estado como son los procesos de consolidación (también incluidos en el lote) y al personal de educación y justicia.
Una ILP que atenta gravemente a la carrera administrativa de veinte mil funcionarios de carrera de la administración general, que se verían relegados por aquellos que pretenden acceder por la puerta de atrás. Una ILP que atenta gravemente a los derechos de decenas de miles de ciudadanos “de segunda”, aspirantes opositores que verán truncado su derecho de acceder a la condición de funcionario bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Una ILP que conseguirá bajar los estándares de calidad de la administración en su deber de dar el mejor servicio público a la ciudadanía con los mejores profesionales públicos. Este sistema de acceso que pretende esta ILP, sólo concurso que valorará los méritos previos, bajo ningún concepto seleccionará a los mejores. Eso solo lo consigue el sistema de oposición.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, desde su creación, ha defendido, defiende y defenderá el sistema de oposición para el inicio de la carrera administrativa para el funcionario de carrera, dejando el concurso/oposición exclusivamente para la promoción interna, en igualdad de derechos una vez dentro de la administración. El SAF ha sido el único sindicato que se ha posicionado en contra de esta injusta y denostada ILP (véase nuestra pública postura). Ha sido el único sindicato que ha defendido a los veinte mil funcionarios de carrera, cuyos derechos se verían perjudicados gravemente. El SAF está siendo el único sindicato que defiende a las decenas de miles de ciudadanos opositores. Ciudadanos opositores olvidados por todos los Grupos Parlamentarios y el resto de sindicatos. Una auténtica vergüenza.
Ha sido sonrojante oír al portavoz de la ILP, David Núñez Márquez (UGT-A), defender a base de mentiras y medias verdades la Iniciativa. Falsedades como hablar de la precariedad laboral de los interinos (cuando tienen los mismos derechos y deberes que los funcionarios de carrera), el derecho adquirido por este colectivo a ser funcionario de carrera por haber “aprobado sin plaza” (aprobar un examen NO es aprobar una oposición). En definitiva, un largo etcétera de afirmaciones que se caen por su propio peso y que carecen de un sustento legal.
Así y todo, lo más preocupante ha sido ver como NINGÚN GRUPO PARLAMENTARIO ha defendido el derecho de los más de veinte mil funcionarios de carrera. Unos expresamente, otros por abstención. Por no hablar de la orfandad absoluta de la ciudadanía que oposita: desprecio absoluto de los Grupos Parlamentarios. De hecho, ninguno de estos Grupos ha tenido a bien escuchar a estos ciudadanos. Sólo el SAF ha defendido (sin ningún rédito ni electoral ni sindical) a estos maltratados opositores. Opositores que realizan un esfuerzo económico cuando muchos de ellos están en situación de desempleo, con cargas familiares… y desde primera hora acuden a la biblioteca más cercana a ESTUDIAR.
A pesar de todas las dudas jurídicas que se han puesto de manifiesto por parte de los distintos Grupos Parlamentarios relativas al texto de la ILP, la admisión a trámite ha salido adelante. Esperamos y confiamos ciegamente, dada la solidez de los argumentos, que en su tramitación unos y otros se desprendan de sus caretas y se legisle y se gobierne en beneficio del interés general.
Y por último, una observación: Ninguno de los intervinientes hoy en el Parlamento, desde su tribuna, es funcionario de carrera. Menos el interino defensor de la propuesta, son meros políticos y el tufillo a elecciones es más que intenso…
