SAF VALORA EL RESULTADO DE LA AUDITORÍA INTERNA REALIZADA POR LA INTERVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SOBRE 12 AGENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PARALELA
En el Sindicato Andaluz de Funcionarios hemos conocido, a través de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el resultado provisional de los informes de la Auditoría encargada a la Intervención de la Junta de Andalucía por el nuevo Gobierno el pasado 26 de enero.
Aunque todo lo expuesto en el Palacio de San Telmo es un secreto a voces conocido por el SAF desde hace ya demasiados años, el aderezo de esta realidad con datos y números concretos (siempre ocultos durante el anterior gobierno) no hace más que evidenciar la utilización partidista, sectaria, a conveniencia del gobierno que nos ha desgobernado durante 37 años y a beneficio sólo de unos pocos.
Ha quedado más que claro que las 27.300 personas que integran la Administración Paralela (y en concreto los 9.000 “empleados públicos” que pertenecen a estas 12 Agencias) han accedido a la administración andaluza sin ningún proceso reglado de selección, sin la observancia de los consabidos Principios de Igualdad, Mérito, Capacidad y Publicidad (I+M+C+P). Sonroja saber que de 9.461 personas en estos Entes, sólo 498 son personal Funcionario (468 pertenecientes a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia) y SÓLO 30 FUNCIONARIOS para el resto de las otras 11 Agencias auditadas. Y todo ello para gestionar 2.411 millones de euros de presupuesto. Sin olvidar que estos datos corresponden al 34% de la Administración Paralela… y por tanto queda por auditar el 66 %.
Que en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Andalucía se encuentren sin ocupar, por carecer de cobertura económica, alrededor de 25.000 puestos y que haya 27.300 puestos en la Administración paralela, deja bien a las claras cuál ha sido la componenda del anterior gobierno: sustituir unos por otros. El detalle no observado es que las potestades públicas están reservadas a personal funcionario y de ahí que en las Agencias, Fundaciones y Consorcios se estén produciendo dos supuestos: o se está “mano sobre mano” (en palabras del exportavoz y exConsejero de Cultura) o se estén desarrollando potestades públicas por personal ni cualificado ni autorizado, ejecutando actos de nulidad palpable.
Desde SAF es más que conocida nuestra postura acerca de la subsistencia, extinción, reducción, fusión o liquidación de estos Entes Instrumentales de dudosa creación y procedencia. Lo que no nos parece de recibo es que el personal que los integra y que ha entrado en la administración por la puerta de atrás (la inmensa mayoría con contratos de Alta Dirección – por ejemplo, el 64% en la Agencia Pública de Educación-) sean mantenidos en el seno de la Junta de Andalucía en perjuicio de tantas personas que se afanan por sacar un puesto por oposición. ¿Qué funciones se pretenden para estos Altos Directivos? Y ésta es una cuestión que afecta de lleno al actual Gobierno del Cambio.
En el Sindicato Andaluz de Funcionarios estaremos muy atentos a este devenir. Pondremos sobre la mesa mil y una argumentaciones para asegurar que los empleados públicos no deben ser como la energía, que ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. Y si los Entes se extinguen, la solución no está en agrupar a sus 27.340 en otro “Ente de acogida” ni en buscar a éstos funciones con calzador.
Se trata de amortizar este sistema y en derogar una Ley de Ordenación que nació de la voluntad que ahora se ha demostrado: recaudar más para alimentar y engordar el aparato administrativo y político de una administración más que cuestionada por la Cámara de Cuentas, la Intervención General y la propia ciudadanía, inmersa en duplicidades, irregularidades, incumplimientos y carente de la más mínima eficacia y eficiencia en la gestión pública. En la mano del nuevo Gobierno está, pues, acabar con ella.
