El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha remitido al nuevo Presidente de la Junta de Andalucía, un minucioso documento de cuestiones de primera necesidad que tendría que abordar el nuevo gobierno andaluz para una mejora de la administración. Después de 37 años de régimen socialista, el nuevo ejecutivo tiene un trabajo ingente para reconvertir la administración autonómica en una verdadera administración pública al servicio del interés general (profesional, democrática y despolitizada) y libre de la corrupción generalizada e institucionalizada. En definitiva, una administración del Siglo XXI.
El SAF va a seguir en la lucha, como sindicato de trabajadores, por las mejoras en las condiciones laborales y en los derechos de los funcionarios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sin importar las siglas de los que gobiernan, ya que el único compromiso es para con el colectivo funcionarial, vapuleado, ninguneado y desprestigiado por los gobiernos socialistas anteriores. El SAF está abierto al diálogo y a la negociación permanente, esperando encontrar al otro lado de la mesa personas que busquen este mismo objetivo.
El resumen de las propuestas del Sindicato Andaluz de Funcionarios a los nuevos responsables de la Junta de Andalucía.
1.- Despolitización de la Función Pública: Eliminación de todos los puestos de libre designación (a dedo) como forma de provisión de puestos de trabajo. Todos los puestos de trabajo deben ser ocupados mediante concurso de méritos y no al capricho del político de turno. Los funcionarios no hacen política. Sirven a interés general independientemente del partido que gobierne. Se tiene que abordar urgentemente una modificación de todas las relaciones de puesto de trabajo y eliminar los puestos a dedo.
2.- Derogación de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público (Ley del Enchufismo). Con esta Ley, recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional, entraron a formar parte de la administración pública miles de enchufados provenientes de fundaciones, empresas públicas y demás chiringuitos del entramado de la “administración paralela”. Recordar que todo este personal accedió sin procesos selectivos amparados en los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad… Y todo ello corroborado por numerosos informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
3.- Eliminación de los organismos, del sector público instrumental, innecesarios y superfluos. Existen en la actualidad un sin fin de organismos que sólo han tenido como función principal la de servir de agencia de colocación por afinidad familiar y política del partido gobernante durante 37 años. Hay duplicidad de organismos para una misma competencia.
4.- Necesidad de amortización mediante la aplicación de la Disposición Adicional 16ª del Estatuto de Trabajadores y Título III del Real Decreto 1483/2015, de 29 de octubre. El excesivo peso de la masa laboral (personal externo) sobre la funcionarial, cuyos datos son alarmantes, hacen precisa la aplicación de la Disposición Adicional 16ª del Estatuto de los Trabajadores, referida al despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público, y que sería aplicada como causa de la derogación de la Ley 1/2011 y de la supresión de fundaciones y demás organismos innecesarios y superfluos (el personal de la extinta FAFFE se encuentra “mano sobre mano” en palabras del ya cesado Portavoz del Gobierno andaluz). La derogación de la citada Ley 1/2011 y la reversión a la Administración General de los servicios prestados desde la Instrumental, supondrá un ahorro considerable en la prestación de los servicios públicos, ya que esta prestación se realizará por el personal funcionario de las Consejerías y Delegaciones Territoriales.
5.- Negociación colectiva y constitución de la Mesa General de Funcionarios. La negociación en el ámbito de la Administración General ha brillado por su ausencia. Años de política del ordeno y mando, con la inestimable colaboración de los tres sindicatos de clase (CSIF, UGT y CCOO), más preocupados de sus prebendas que de defender a los funcionarios. La Mesa General de Funcionarios viene prevista en el artículo 34 del TREBEP, y a pesar de nuestras innumerables peticiones para su constitución, la administración socialista ha hecho oídos sordos.
6.- Aprobación de la nueva Ley de Función Pública. Desde el año 2007 que entró en vigor el EBEP, por parte del gobierno andaluz no ha sido objeto de aprobación la citada Ley. La actual (Ley 6/1985), con 34 años de vigencia, ha quedado totalmente obsoleta.
7.- Salvaguarda de las potestades administrativas en el personal funcionario y delimitación de las mismas.
La falta de delimitación de las potestades administrativas ha supuesto que personal laboral subrogado ha llegado incluso a ejercerlas sin la más mínima presencia de personal funcionario. Por ello, es imprescindible una delimitación de las citadas potestades acorde a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del T.S.J.A. sobre las mismas.
8.- Establecimiento del sistema de oposición como único procedimiento en el acceso inicial a la condición de funcionario de carrera en la administración andaluza. El SAF siempre ha defendido y defenderá este sistema por ser el más justo y en el cual todos los aspirantes compiten en igualdad. El concurso-oposición se establecería únicamente para la promoción interna.
9.- Implantación del TELETRABAJO. La nueva Ley de Función Pública tiene que regular la implantación del TELETRABAJO en la administración autonómica. Son numerosas administraciones públicas en España que ya la tienen implementada. Motivos hay de sobra, entre el que destaca el poder conciliar la vida laboral y familiar de los funcionarios (discapacidad, víctimas de violencia de género, menores a cargo, etc.)
10.- Derogación de preceptos legales y reglamentarios:
- Ley 2/2016 de 11 de mayo, por la que se modifica la ley 6/1985, en materia de valoración de la antigüedad a efectos de méritos.
- Decreto Ley 5/2013, de 2 de abril. Regulación de las bolsas de personal interino.
- Decreto 2/2002, de 9 de enero. Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la administración general.
11.- Otras medidas urgentes a realizar.
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Establecimiento del concurso de méritos abierto y permanente.
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Valoración y aumento de los complementos específicos e introducción del factor de peligrosidad.
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Regulación de las jornadas especiales y sus retribuciones.
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Dotación de las plazas para funcionarios de las Relaciones de Puesto de Trabajo.
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Devolución inmediata de las pagas adicionales de 2013 y 2014 sustraídas por el anterior gobierno.
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Inmediato restablecimiento de las ayudas de acción social suprimidas por el anterior gobierno.
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Establecimiento de políticas reales en prevención de riesgos laborales.
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Aprobación de la Ley de Creación y Regulación de los Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
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Creación del Cuerpo C1.3000 de Auxiliares de Seguridad.
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Establecimiento de la movilidad voluntaria interadministrativa con la Administración del Estado, con otras Administraciones Autonómicas y con las Entidades Locales.
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Eliminación de las subvenciones a organizaciones sindicales.
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Supresión de la bonificación de los alquileres de vivienda a los altos cargos.
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Supresión de las cesantías para los altos cargos.
