En el apartado Noveno del acuerdo de 13 de julio de 2018 de la Mesa General de Negociación, se acuerda la creación de un grupo de trabajo en relación con el sector público instrumental (“administración paralela”), para abordar la estabilización de empleo temporal, la sostenibilidad del sector público instrumental y defensa global y desarrollo armónico de los recursos humanos de dicho sector.
Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios, queremos recordar que el sector público instrumental de la Junta de Andalucía supone un total de 26900 trabajadores (entidades públicas empresariales, fundaciones y personal laboral propio de Agencias de Régimen Especial), personal que no ha sufrido reducciones desde el año 2009, cuando contaba con 27488 trabajadores (Datos extractados de informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas y portal de transparencia).
No obstante el personal funcionario de la Administración General representa en el año 2016 un total de 20031 funcionarios de carrera y 2495 interinos, cuando en el año 2009 se contaba con un total de 26249, esto es, se ha destruido el 20 % de los puestos de trabajo funcionariales frente al estricto mantenimiento de la “administración paralela” en la última década.
Todo ello con respecto a un personal sobre el que los informes de fiscalización realizados sobre selección de personal de dichas entidades instrumentales por parte de la Cámara de Cuentas reiteran el incumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso.
A pesar de esta sobredimensionada estructura paralela, los esfuerzos de algunas organizaciones sindicales de clase y de la propia administración giran, únicamente, en torno al mantenimiento, sostenibilidad y estabilidad de dicho personal, con independencia de su sospechosa forma de acceso, necesariedad y de las funciones que realizan, esto es, en muchos casos no tienen apenas funciones (es sobradamente conocido el caso del personal procedente de FAFFE, donde en la misma Mesa Sectorial se comentó por los responsables de Función Pública que no sabían que funciones darles, preguntando a los sindicatos que funciones les daban, ante nuestra completa indignación) y en otros realizan las propias de personal funcionario (basta comprobar las múltiples encomiendas de gestión anuladas, los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas que ratifican la confusión dentro de la panoplia de tareas realizadas por dicho personal, sentencias del TSJA sobre IDEA y la Agencia Andaluza de Energía, tachando de incomprensible como desempeñaban potestades públicas Agencias sin funcionarios públicos, etc.).
Lo que la Administración Autonómica necesita y desde el SAF se seguirá defendiendo y demandando, será la amortización de los puestos ocupados por el cada vez más numeroso personal indefinido no fijo en la administración paralela, en favor de la creación y dotación de puestos de trabajo de personal funcionario público, único personal con garantías de imparcialidad de conformidad con nuestra Constitución y único capacitado para el desempeño de potestades públicas, máximo cuando estamos siendo testigos del paulatino desmantelamiento de las Relaciones de Puestos de Trabajo en favor de la Administración Paralela.
