La Secretaria General para la Administración Pública no responde ni al Defensor del Pueblo sobre la convocatoria del concurso de méritos.
Ante la total inactividad de la Secretaría General para la Administración Pública (S.G.A.P.) y de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública (D.G.RR.HH.F.P.), y la falta de respuesta a nuestras demandas de convocatoria del concurso, interpusimos Queja ante el Defensor del Pueblo el 19 de abril de 2018, solicitando la inmediata convocatoria, la exigencia de responsabilidad y la puesta en conocimiento a la Fiscalía por si se pudiera derivar responsabilidad penal.
El Defensor del Pueblo nos ha contestado en fecha 9 de julio de 2018, indicándonos que el 21 de mayo de 2018 solicitaron a la SGAP información al respecto y que no han recibido respuesta hasta la fecha, por lo que le han reiterado el requerimiento.
El propio Defensor del Pueblo ya determinó la responsabilidad de dicho cargo en cuanto a la convocatoria de los concursos de méritos, en un recordatorio de sus deberes legales.
La total pasividad de una sola persona está lastrando el derecho a la carrera administrativa de 20000 funcionarios de carrera, así como a la conciliación de su vida personal y familiar, a pesar de tener la obligatoriedad semestral de instar la convocatoria del concurso de méritos (debió haberse convocado como máximo el 1 de marzo de 2018), y llevar convocados únicamente tres concursos en los últimos 10 años, sin existir, a fecha actual, causa alguna que impida su inmediata convocatoria.
Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios vamos a exigir al Consejero la inmediata incoación de sanción disciplinaria de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno contra la titular de la S.G.A.P. y de la D.G.RR.HH.F.P., por la comisión de infracción muy grave, “notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas”, infracción cuya sanción lleva aparejado el cese, la perdida de indemnización y la imposibilidad de ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años, y seguir insistiendo en la remisión de actuaciones a la Fiscalía.
