El Tribunal Supremo confirma la falta de negociación en la Mesa Sectorial que el Sindicato Andaluz de Funcionarios reiteradamente denuncia
De nuevo la justicia, en este caso el Tribunal Supremo, certifica la FALTA DE NEGOCIACIÓN de la Junta de Andalucía.
En esta ocasión “llueve sobre mojado” ya que la sentencia del citado Tribunal desestima el recurso de casación presentado por la Junta y confirma la nulidad de la Orden de Jornadas y Horarios que ya anuló el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2015.
La sentencia deja en evidencia el modus operandi de Función Pública andaluza, ya que de la documentación aportada por la administración no hay constancia de negociación alguna, y dice:
“…la sentencia ha tenido presente lo único que acredita: la inclusión en el orden del día de la reunión del 4 de octubre de 2011 del proyecto de Orden, ni más ni menos.” “No hay constancia de nada más. O sea, de si se llegó a tratar o no ese punto del orden del día y, en caso de que, como puede considerarse probable pero no probado, se hubiera tratado, no hay manera de saber de qué forma y, en concreto, si solamente hubo información a los integrantes de la Mesa o si se produjo una verdadera negociación. Ni el expediente ni las actuaciones ofrecen elementos para establecerlo.”
Las Mesas Sectoriales donde “se negocian” las condiciones de trabajo de los más de 20 mil funcionarios públicos, se convierten, en demasiadas ocasiones, en “ruedas de prensa” por parte de Función Pública, donde éstos informan de lo que pretenden hacer sin dejar la posibilidad que los representantes legales de los funcionarios tengan el mínimo margen para la negociación. Es el ordeno y mando.
En varias ocasiones ha habido unanimidad entre los representantes sindicales – con lo excepcional que resulta esta postura - en lo relativo a ciertos asuntos y materias que se deberían de negociar, pero a pesar de esa unanimidad la administración ha seguido adelante con sus postulados contrarios, cuando no enfrentados, a los intereses de los funcionarios.
Por último, recordar que no es la primera vez que el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) gana en los tribunales lo que denuncia reiteradamente. El caso más llamativo, pero no el único, fue la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 25 de febrero de 2011, que anuló los Estatutos de la Agencia Tributaria de Andalucía.
