El Sindicato Andaluz de Funcionarios se ha visto obligado a acudir a las instancias del Defensor del Pueblo Andaluz ante la enésima e injustificada demora en la resolución del concurso de traslados de personal funcionario, convocado hace ya un año, y que tiene a muchas personas en todo el territorio andaluz pendiente de una fecha que de forma recurrente se retrasa una y otra vez sin una causa plenamente justificada.
El SAF se ha dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz formulando una Queja por el anómalo funcionamiento de los órganos de gobierno de la Función Pública de la Junta de Andalucía. Queja que no hace más que sumar las cientos de ellas que se han recibido en el seno del sindicato por esta demora, máxime cuando existen precedentes (Concursos de los años 2005 y 2008) que contradicen absolutamente las causas argumentadas desde Función Pública para llevar a cabo este retraso.
Las dos excusas expresadas por la Directora General de Recursos Humanos y Función Pública sobre que pudiera afectar a vacaciones y permisos (1ª), se disipan cuando esta circunstancia está prevista en el punto cuarto del artículo 51 del Decreto que regula estas situaciones. Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de que se vea afectado el inicio de curso escolar en los centros docentes (2ª), es necesario tener en cuenta que, de resolverse dentro de los plazos previstos, segunda quincena de julio, las tomas de posesión se realizarían entre julio y agosto por lo que a primeros de septiembre estarían las plantillas estabilizadas y no se verían afectados los centros docentes. Además, el número de plazas destinadas en centros docentes es mínimo con respecto al total de plazas ofertadas en toda Andalucía, por lo que el SAF considera que, en realidad, lo que pretende la Junta de Andalucía es ahorrar gastos al diferir más de dos meses las tomas de posesión. De otra forma no se entiende.
Por último, comentar que este retraso injustificado también ha sido puesto en conocimiento de los distintos grupos parlamentarios andaluces por si alguno de ellos desconocía esta circunstancia y el deficiente funcionamiento de la Función Pública andaluza y las consecuencias que de ello se derivan.
