El Sindicato Andaluz de Funcionarios se ha dirigido, mediante sendos escritos, a la Presidencia de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, instando a la adhesión de nuestra Comunidad Autónoma al Acuerdo Marco para fomentar la movilidad de los funcionarios suscrito entre el Estado y varias comunidades autónomas, entre las que de momento no se encuentra Andalucía.
Tanto la Ley para la Reforma de la Función Pública como el Estatuto Básico del Empleado Público, establecen el Principio de Movilidad Interadministrativa como un derecho de los funcionarios y una posibilidad de optimización de los recursos humanos de las Administraciones Públicas.
El principio de movilidad de los funcionarios públicos entre las Administraciones Públicas está expresamente recogido, con el carácter de normativa básica, en el artº 17 de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto, de Medidas de Reforma para la Función Pública. Las leyes de Función Pública de las Comunidades Autónomas han recogido este principio de movilidad condicionándolo, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa básica anteriormente citada, a lo que dispongan las relaciones de puestos de trabajo, igual que ocurre en la Administración General del Estado. Esta concepción de la movilidad trata de lograr, de una parte, una mejor utilización de los recursos humanos del sector público y, de otra, que los funcionarios públicos puedan cambiar tanto de puesto de trabajo y de función como de localidad. Confluyen en esta configuración del principio de movilidad los intereses de las Administraciones Públicas de optimizar el rendimiento de sus recursos humanos, con la aspiración del personal de modificar su localidad de destino y las tareas que desempeña.
Dicha movilidad aparece actualmente configurada, como normativa básica, en el artículo 69.2.c) y 84 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
De esta forma se pretende facilitar el ejercicio de este derecho a los posibles funcionarios andaluces interesados, motivo por el cual consideramos desde el SAF, que la adhesión y la firma de este Acuerdo es imprescindible por parte del Gobierno andaluz.
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