Nueva externalización de potestades públicas y nuevo despilfarro de dinero público, puesto que la licitación supone un gasto de más de 200.000 euros.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAFJA, ha presentado un recurso de alzada contra un anuncio de licitación para la contratación de servicios, realizado por el Director Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. Concretamente, los servicios consisten en la grabación de solicitudes de reconocimiento de dependencia, del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de resoluciones aprobatorias y revisiones de los Programas Individuales de Atención, así como de las extensiones de los recursos y servicios asignados a personas en situación de dependencia reconocida (Ver en prensa).
El presupuesto base de la licitación es, ni más ni menos, que de 199.280 euros (IVA excluido). Pero no sólo es un gasto considerable, sino que, evidentemente, la adjudicación del contrato supone la externalización de funciones públicas que conllevan datos personales muy sensibles. De esta manera, se atribuye al personal de una empresa privada, el desempeño de funciones públicas sin reunir los requisitos necesarios para ello (acceso a la función pública, de conformidad con los principios de igualdad, mérito y capacidad, de conformidad con el EBEP y la CE).
Llama la atención el hecho de que la mera grabación de solicitudes requiera "cuantos técnicos de adecuada calificación y nivel de dedicación sean necesarios", para una labor, mera grabación de solicitudes, propia del desempeño cotidiano de funciones de funcionarios de los Grupos C1 y C2 (administrativos y auxiliares administrativos).
SAFJA denuncia que en la RPT de la Unidad de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia adscrita a la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, no hay personal auxiliar administrativo. En cambio, sí existen 14 titulados de Grado Medio y 10 administrativos, y en la misma Delegación Provincial constan en RPT 16 auxiliares de gestión, 45 administrativos y 39 auxiliares administrativos. Existe un claro vaciamiento de funciones de personal funcionario y su externalización sin justificación. Además, el Sindicato recuerda que existe bolsa de interinos del C1.1000 -con 858 integrantes sin que se haya producido ningún llamamiento- y C2.1000 -con 723 integrantes y número de llamamiento 282-.
Es más, según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos relativos a la salud son especialmente protegidos. SAFJA entiende que estas actuaciones, más aún en momentos de crisis económica y de control de gasto público, no deberían quedar exentas de las correspondientes responsabilidades disciplinarias, contables y penales, que pudieran corresponder a los organismos encargados de poner en marcha el mencionado proceso de contratación.
Por ello, SAFJA demanda que este anuncio de licitación se declare inválido y quede sin efecto, procediendo a la atribución inmediata de dichas facultades al personal funcionario, ya que la no suspensión del acto conllevaría perjuicios de muy difícil reparación. Asimismo, el Sindicato exige que se diriman responsabilidades.
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