El Sindicato pide la ejecución del último auto dictado a través de un escrito presentado ante el Secretario General de la Administración Pública, la Viceconsejera y las ocho Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente.

cartel egmasa-amayaEl Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAFJA, ha presentado un escrito ante el Secretario General de la Administración Pública exigiendo el cese inmediato en el ejercicio de potestades públicas de todo el personal externo de Egmasa. SAFJA solicita al Secretario en el escrito que proceda al cumplimiento del auto número 107/2012 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla, de fecha 4 de abril de 2012 (Ver escritos) (Ver en prensa).

El contundente escrito también ha sido presentado ante la Viceconsejera de Medio Ambiente y las Delegaciones Provinciales de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla. A lo largo de esta misma semana, SAFJA presentará este documento en las otras tres provincias andaluzas restantes, dirigidos a los Delegados provinciales de Medio Ambiente y exigiendo tal cese en cometidos de funcionarios. En caso contrario, el Sindicato se reserva el derecho de realizar cuantas acciones legales considere oportunas en defensa de los derechos e intereses de funcionarios, incluida el ejercicio de acciones penales.

Como en ocasiones anteriores, SAFJA requiere a la Junta de Andalucía y a sus responsables que adopte, de una vez, las medidas necesarias y establecidas por los jueces para que ninguna potestad o función pública, que según la Ley deba ejercerse por funcionario, sea realizada por personal externo de Egmasa. Al mismo tiempo, el Sindicato solicita que se retiren todas las claves informáticas al personal externo, por tratarse de personal que no ha accedido a la función pública bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, y estar desempeñando funciones que implican el ejercicio de potestades públicas, con el grave perjuicio al interés general que supone.

Tras un auto, fechado el 16 de junio del pasado año, que daba la razón a las plataformas y que acordó "la suspensión de la ejecutividad de la resolución impugnada, exclusivamente en lo relativo a la regla primera <<Incorporación del personal laboral de la Empresa Gestión Medioambiental>>" y una sentencia desestimando el recurso de la Junta al mismo y condenándola en costas, otro auto da un nuevo giro de tuerca que, entre otros motivos evidentes, ha dado paso a los escritos presentados por SAFJA. El 4 de abril de 2012 se dicta auto número 107/2012 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla por el cual se decide "requerir personalmente al Secretario General para la Administración Pública, a fin de que ninguna potestad o función que según la Ley deba ejercerse por funcionario público sea realizada por el personal no funcionario de la extinta Egmasa, so pena de poder incurrir en delito de usurpación de funciones".

Este auto señala expresamente "que se ponga coto a las actuaciones indebidas (por calificarlas benévolamente) que el personal integrado en la AMAYA pueda estar realizando. Me refiero a las funciones propias del personal funcionario que está llevando a cabo el personal de la extinta EGMASA,(...) sí que es procedente requerir a la Administración para que ninguna potestad o función que según la ley deba ejercerse por funcionario público pueda ser realizada por el personal no funcionario de la extinta EGMASA, so pena de poder incurrir en delito de usurpación de funciones". Es pasmosa la claridad con la que el auto afirma, expresamente, que este personal lleva a cabo usurpación de funciones atribuidas a los funcionarios públicos.

SAFJA siempre ha mostrado su firme oposición a la reordenación, en la calle, en los medios y en los tribunales, y advirtió en varias ocasiones, incluso denunció la delegación de funciones en empresas públicas ya extintas, que la aprobación de los Estatutos de las Agencias supondría que el entramado de empresas que constituían la Administración paralela quedaría fuera del tráfico jurídico, sin posibilidad de seguir realizando las tareas propias de su objeto social.

El Sindicato es rotundo en el escrito presentado y afirma que, por más que el Gobierno andaluz tergiverse, el hecho claro de que el personal de las distintas Agencias ejerce potestades públicas, no puede esquivar lo dispuesto por las distintas sentencias de los Juzgados y Tribunales, algunas de ellas a favor de este Sindicato. Por todo ello y como representantes de los funcionarios públicos, SAFJA se ve en la obligación de recordar a la Junta que deben acatar las sentencias, en tanto en cuanto ello se deriva de imperativo legal previsto en la Constitución Española.

Junto a la usurpación de funciones, el hecho de no acatar este auto, SAFJA considera que puede ser susceptible de derivar en otro tipo de responsabilidades penales. Así, este Sindicato no dudará, como en otras ocasiones, en acudir a la vía penal contra los responsables y colaboradores en que se sigan llevando a cabo potestades públicas por el personal de la extinta Egmasa y sigan poniendo trabas a que se hagan efectivas las decisiones judiciales.

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