En un informe, el Sindicato advierte que en los últimos seis meses se han repartido 42 millones de euros del erario público a empresas privadas en este tipo de contrataciones gestionadas y adjudicadas, muchas de ellas, por Agencias.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAFJA, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra un anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que publica la delegación de competencias en la Comisión Ejecutiva, en la Dirección-Gerencia y en la Dirección de Asuntos Generales de la entidad. Concretamente, este anuncio de la Agencia delega funciones en materia de gestión económica-financiera, de contratación y de gestión administrativa (resolver procedimientos patrimoniales, declaraciones previas, etcétera) (Ver en prensa) (Ver informe) (Ver recurso).
SAFJA entiende que esta encomienda de competencias es ilegal a todas luces, puesto que son delegadas en el titular de la Dirección Gerencia, que tiene la condición de personal laboral y no es nombrado conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, sino por criterios de estricta confianza. Por ello, resulta contrario a derecho, contrario al EBEP y a los principios constitucionales la delegación de funciones en materia de personal, de contratación y de gestión administrativa en órganos de naturaleza laboral y nombrados sin seguir procedimientos reglados para el acceso a la Función Pública.
El objeto de este recurso es un claro ejemplo del informe realizado por el Sindicato con decenas de contrataciones y licitaciones en los últimos seis meses que dejan al descubierto la "tercera administración paralela", denominada así por SAFJA y que deriva alegremente fondos públicos a adjudicaciones, en la mayoría de las ocasiones, injustificadas. Casi 42 millones de euros de las arcas públicas han sido destinados, en sólo seis meses, a contratos y licitaciones que han proliferado excepcionalmente en el marco de la controvertida Ley 1/2011. Estos "convenios de colaboración administrativa" sustraen a la Administración Pública de potestades que la Constitución, las leyes y la jurisprudencia establecen deben ser ejercidas por funcionarios, pero, sin embargo, favorecen a personas concretas y suponen un considerable despilfarro.
El Gobierno andaluz, una vez más, ha optado por la solución más rápida y costosa, generar licitaciones y contrataciones con particulares y empresas privadas, en lugar de trabajar en una Administración más eficaz y eficiente. No hay que olvidar que en muchos casos estos contratos han sido gestionados por Agencias creadas a raíz de la controvertida Ley 1/2011, cuyos firmantes son personas externas a la Administración General de la Junta. Precisamente, en el caso que nos ocupa recurrido por SAFJA, la Agencia delega potestades públicas en varias materias, entre ellas la de contratación. Y no sólo funcionarios públicos, ¿es que no existen bolsas de interinos, que han superado una oposición, y que se encuentran capacitados para realizar dichas funciones sin que sea necesario este derroche de de dinero público?
Tal y como ya adelantó, SAFJA no piensa amilanarse y vuelve a llevar ante los Tribunales a una Agencia, en esta ocasión por una nueva ilegalidad que está proliferando en los últimos tiempos por parte de la Junta y de la que presume casi a diario en BOJA y en BOE. Desde el Sindicato seguimos defendiendo los procedimientos legales, como en este caso cubrir los servicios públicos con la dotación de esos puestos mediante RPT.
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