En esta ocasión, el Sindicato ha denunciado por usurpación de funciones al Delegado Provincial de Cultura en Granada.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía ha presentado una nueva denuncia, vía penal, ante los Juzgados de Instrucción de Granada contra el Delegado Provincial de Cultura en Granada, Pedro Benzal Molero, y contra todos aquellos que puedan resultar responsables. Este Sindicato ha tenido conocimiento que los técnicos del Departamento de Protección del Patrimonio Histórico, personal externo contratado por la Delegación Provincial de Cultura en Granada, desarrollan tareas encomendadas por Ley a los funcionarios. Todo ello, con el conocimiento y autorización del Delegado Provincial y del Jefe de Servicio de Bienes Culturales. El mencionado personal asume funciones de inspección e intervención, depósito e inventario de los bienes muebles hallados, labores todas ellas reservadas exclusivamente a los funcionarios (Ver en prensa).

Por ello, SAFJA entiende que los hechos denunciados podrían ser constitutivos, entre otros, de un presunto delito de DELITO DE USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS, regulado en el Capítulo V del Título XVIII del Libro II del Código Penal, en unión en concurso con un DELITO DE PREVARICACIÓN, regulado a los artículos 405 y 406 del citado Código Penal.

Junto a la denuncia, el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía aporta varias resoluciones de la Dirección General de Bienes Culturales, firmadas algunas por el Delegado Provincial de Cultura, e informes de las intervenciones realizadas, firmados por técnicos del Departamento de Protección del Patrimonio Histórico, personal externo.

Según la página web de la Consejería de Cultura, la Dirección General de Bienes Culturales tiene las atribuciones como la protección de los bienes del patrimonio histórico andaluz mediante los instrumentos jurídico-administrativos existentes; hacer efectivo el deber de custodia y acceso que corresponde a las personas propietarias, titulares de derechos o simple poseedores de bienes integrantes del patrimonio histórico andaluz; la intervención activa en la formación, modificación, revisión y aprobación del planeamiento urbanístico y de los programas, proyectos y planes; la protección y conservación del patrimonio arqueológico, etnológico e industrial; la conservación y restauración del patrimonio histórico andaluz; la permanencia del patrimonio histórico; la autorización de los proyectos de obras; el fomento de la investigación sobre el patrimonio histórico, su difusión y puesta en valor, y su régimen de autorizaciones; y en general, cualquiera otra competencia en materia de patrimonio histórico no atribuida expresamente a otro órgano de la Consejería de Cultura.

Pero no sólo estas potestades públicas son llevadas a cabo por personal ajeno a la Administración, vulnerando la legislación vigente como el EBEP y usurpando el carácter de autoridad o funcionario, sino que este personal firma los informes como arqueólogos de la Delegación Provincial de Cultura o como miembros del Departamento de Protección del Patrimonio Histórico. "En definitiva -así lo establece SAFJA en la denuncia-, se falsea el carácter y atribuciones de los comparecientes o emisores de los informes, creando una apariencia de legalidad y llamando a la confusión, pues se presupone que la persona que emite dichos informes y realiza las intervenciones lo hace en su cualidad de funcionario, y como tal, revestido de "la auctoritas" que le confiere la Ley".

Los técnicos mencionados, no son personal al servicio de la Administración Pública, y no pertenecen a la Consejería de Cultura. Tienen el carácter de profesionales laborales con contrato privado en la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Granada. Sus actuaciones no gozan de fe pública ni de presunción de certeza, "no obstante desempeñan y ostentan públicamente la condición de funcionarios, firmando informes como arqueólogos de la propia Delegación Provincial o, incluso de titulares del Departamento de Protección del Patrimonio Histórico, tal y como luce, de forma notoria, en la documental acompañada a la presente", tal y como SAFJA cita en la denuncia.

Con esta nueva denuncia penal, son ya cuatro los procesos abiertos en esta vía por SAFJA en el marco de la reordenación del sector público andaluz. Precisamente, dos de ellas están admitidas a trámite: la denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba contra la Delegada Provincial de Igualdad y Bienestar Social y el Director-Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, entre otros, y la querella presentada ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla contra el Director-Gerente del SAE. En ambos casos, los juzgados han abierto diligencias previas dando cuenta al Ministerio Fiscal y han expresado que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

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