Este Sindicato llevará a cabo todas las acciones legales a su alcance contra esta nueva cacicada de la Administración (VER INFORMATIVO SOBRE LA MESA SECTORIAL).

concursoEl Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAFJA, manifiesta su oposición más firme y rotunda a la modificación de las Bases del concurso de méritos, que la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha hecho pública en prensa. No se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Es una medida ilegal a todas luces.

Es el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, en su Capítulo V, quien establece las Bases por las que deberán regirse los concursos de méritos para el personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía. Cualquier modificación de las Bases, necesitará la previa modificación del citado Decreto y dicha modificación no se ha llevado a cabo.

SAFJA recuerda a la Administración que existen numerosas sentencias firmes, a instancia de este Sindicato, anulando algunos apartados recogidos en las Bases de convocatorias de los distintos concursos de méritos. La Administración no ha aplicado con lo dictado en las sentencias, argumentando que dichas sentencias recaían sobre las Bases de las convocatorias y no contra el Decreto 2/2002, norma por la que se rigen y establecen las Bases de los concursos. Es más, el Tribunal Supremo ya ha sentenciado que la doctrina del TSJA es firme y que la reforma del artículo 54 del Decreto 2/2002 operada por el Decreto 524/2004, es nula y ha sido expulsada del Ordenamiento Jurídico, respecto al cómputo del tiempo de interinidad.

Ahora la Administración cambia de parecer, modificando las Bases sin la previa modificación del Decreto 2/2002, proponiendo una nueva baremación inexistente en el apartado de antigüedad. Como indica el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, en sentencia de 14 de septiembre de 2006, cita que "es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que las Bases de las convocatorias para la provisión de vacantes por concurso u oposición, constituyen su Ley a las que quedan sometidos los concursantes como la propia Administración; también en lo relativo a la justificación documental de los méritos alegados en la fase de concurso". Por tanto, SAFJA entiende que se está cometiendo un presunto fraude de Ley con esta modificación y un presunto delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal.

SAFJA agrava que este cambio de proceder de la Administración, responde más una intención política que legal. Otras Administraciones no han aplicado la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como ejemplo, la Administración de Justicia, que convocó su concurso de traslado el pasado 20 de mayo de 2011 y ha resuelto el 31 de octubre de este mismo año. Esto sí que es eficiencia y eficacia. ¿Por qué el Estado no aplica la sentencia y la Junta de Andalucía, sí?

La Junta de Andalucía intenta castigar al colectivo de funcionarios de la Administración General que, día a día, protestan de manera pacífica contra la Ley 1/2011, mal llamada de reordenación. Esta rebaremación del concurso no hace más que dividir a los funcionarios, es la política del "divide y vencerás". Un nuevo intento por parte de la Administración de dinamitar futuras movilizaciones de este colectivo.

Parece que el último varapalo judicial a la Junta de Andalucía no ha sentado nada bien, la sentencia del TSJA contra los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por una flagrante vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, artículos 14 y 23.2, cuando de la noche al día y por "gracia de Dios", 534 trabajadores del extinto Instituto Andaluz de las Artes y Letras se integraban como "empleados públicos" en la Agencia. El enchufismo como medida directa de acceso a la Administración parece tener sus días contados. Lo avala las sentencias judiciales, los funcionarios que con su esfuerzo y su lucha han conseguido informar a los andaluces de cómo funciona la Junta de Andalucía. Y como premio, la Administración retrasa la resolución del concurso, sancionando a miles de funcionarios por haberse rebelado contra ésta.

Esta resolución de Función Pública, que avala las pretensiones de los denominados Sindicatos de clase (USTEA, UGT y CCOO), no beneficia a todo el colectivo de funcionarios de carrera de la Administración General. Los grandes beneficiados de esta medida serán los de siempre, interinos del anulado Pacto de Estabilidad. Otros beneficiados serán aquellos que tuvieran tiempo trabajado como personal laboral de la Junta, puesto que la Sentencia del Tribunal Europeo hace referencia al empleo público de manera genérica. ¿Y qué decir de los miles de nuevos "empleados públicos" integrados en la Función Pública a través de la Ley 1/2011 del enchufismo, una vez que adquieran la condición de funcionario público y hagan valer su tiempo trabajado en empresas públicas, fundaciones y demás engendros de la "administración paralela"?

Las repercusiones del retraso en la resolución del concurso son gravísimas. SAFJA no puede olvidar a los cientos de funcionarios de carrera de nuevo o reciente ingreso que están destinados lejos de su localidad de residencia, con el consiguiente costo económico y de tiempo que ello supone. No tienen las prebendas de algunos altos cargos (por ejemplo, alquiler de vivienda pagado por la Administración). Sin hablar de la conciliación de la vida laboral y familiar. El derecho a la carrera administrativa, una vez más, se ve perjudicada para miles de funcionarios públicos, con repercusiones de tipo económico y de tipo administrativo. La única culpable es la Administración y su torpe actuación. Convoca tarde y mal los concursos de méritos. Y también será la única culpable de la posible anulación o suspensión del concurso por parte de los Tribunales de Justicia.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía no va a permanecer impasible ante esta nueva cacicada. Utilizará todos los medios y herramientas que proporciona el Estado de Derecho para defender los derechos de todos los funcionarios públicos.

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