La Administración otorga una subvención pública a la FASS, fundación que no existe y está integrada en la Agencia de Seguridad Social y Dependencia.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAFJA, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla contra la Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de Infancia y Familias, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas a las entidades colaboradoras en el ejercicio 2011, al amparo de la Orden de 20 de julio de 2005 y la Orden de 9 de noviembre de 2005. Entre las subvenciones otorgadas para la financiación de programas de inserción social de jóvenes que han sido tutelados por la Junta, se encuentra como entidad beneficiaria la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS) que recibe un importe de 518.144,96 euros (Ver recurso) (Ver en prensa).

Evidentemente, es contrario a Derecho que se conceda una subvención para una entidad que, desde la publicación de la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz, debiera estar extinta. El artículo 19 de la Ley mencionada establece que "el proceso de aprobación de los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía se tramitará simultáneamente a la extinción de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y de la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social, de acuerdo en el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre".

Precisamente el 29 de abril de 2011 se publicó en BOJA el Decreto 101/2011 y los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por lo que la FASS debería llevar casi 6 meses desaparecida. Es más, la Disposición Adicional Primera del texto del Decreto no deja lugar a dudas y reitera que "a partir de la entrada en vigor de los Estatutos, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social, cesarán en el desarrollo de sus actividades". Y continúa "la Agencia, a partir del inicio de su funcionamiento, asumirá el desarrollo de las actividades, hasta entonces llevadas a cabo, por la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y por la Fundación para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social".

Hace sólo unos días que el Gobierno andaluz se jactaba ante la prensa del ahorro económico que las Agencias conllevaría, ¿son estas subvenciones una forma de optimizar recursos humanos, minimizar costes y reorganizar la estructura de la Administración Pública andaluza? Es inexcusable y vergonzoso que se apruebe la concesión, nada más y nada menos, que de más de medio millón de euros a favor de una Fundación que dejó de estar en vigor desde abril de este mismo año. Es un auténtico despropósito, y así lo ha hecho constar SAFJA en el recurso, y revela que lo que subyace en este proceder no es más que favorecer la externalización de servicios y la huida de los controles propios del ejercicio de las potestades públicas.

Paradójicamente, SAFJA ya presentó en mayo de este mismo año un recurso potestativo de reposición contra el Acuerdo publicado el día 5 de ese mes, de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la concesión de una subvención de casi 17 millones de euros a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), en materia de fomento de empleo. En esta ocasión, el mismo día de la fecha del Acuerdo mencionado, 19 de abril de 2011, el Consejo de Gobierno aprobó los Estatutos de las ocho agencias creadas en el marco de la reordenación, incluida la del SAE. Es decir, en el momento de su "supuesta" autorización por el Consejo de Gobierno la FAFFE ya no existía.

Aunque el caso de FASS es aún más descarado si cabe, pues el tiempo transcurrido es mucho mayor que el sucedido con FAFFE, en ambos ocurre que se delegan potestades públicas de manera ilegal a personal laboral. Así, SAFJA entiende que la Resolución impugnada permite el funcionamiento diario de la FASS a costa de los presupuestos autonómicos y que las funciones y acciones que realizará la misma, gracias a la subvención, implicará el ejercicio de potestades públicas que, por Ley, sólo está consagrado a los funcionarios de carrera y no al personal laboral de la Fundación. Por todo ello, este Sindicato continuará recurriendo a la Justicia para frenar estas innecesarias e ilegales subvenciones, la mayoría sumamente cuantiosas, que marcan la política despilfarradora de la Junta muy a pesar del nefasto estado de la economía española.

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