Según el Informe de Fiscalización, la dotación de plazas para el mantenimiento del Sirhus hubiera supuesto un ahorro de más de 4 millones de euros al erario público.

El Informe de Fiscalización sobre «Gestión de los recursos humanos de la Junta de Andalucía: especial referencia al Sistema SIRHUS», publicado por Resolución en BOJA, de la Cámara de Cuentas de Andalucía advierte que la "carencia de personal, motivada principalmente por la falta de dotación presupuestaria, ha obligado a la Dirección General de la Función Pública a la contratación externa de personal. Tal es el caso del contrato "Acuerdo de nivel de servicio para el mantenimiento del sistema SIRHUS" (ver punto 75)".

El Informe señala que la relación de puestos de trabajo de la Dirección General de Función Pública, DGFP, está cubierta sólo en un 60%. Esta insuficiente ocupación de plazas se hace especialmente evidente en los servicios de "Administración SIRHUS", donde 5 de las 20 plazas están sin consignación presupuestaria, y de "Informática", donde son 12 de las 30 plazas.

La Cámara de Cuentas llega aún más lejos y en el Informe hace especial mención al ahorro que la dotación de plazas conllevaría frente al despilfarro de la externalización: "En dicho expediente se señala la necesidad de la contratación de recursos externos para garantizar la realización de tareas "que excede con mucho la disponibilidad de recursos humanos" del servicio de "Informática". Si se contase con los créditos presupuestarios necesarios para cubrir la totalidad de las plazas de este servicio, la cifra resultante, que ascendería a 0,45 M€ para el ejercicio 2009, sería sensiblemente inferior al importe de este contrato, que fue adjudicado el 14 de agosto de 2009 en 4,59 M€ por un periodo de dos años".

SAFJA muestra su indignación ante la evidencia del enorme gasto que provoca la contratación de personal externo de Sadiel, en este caso. Derroche que este Sindicato lleva años denunciando y cuya solución no es otra que dotar las plazas necesarias, ahorrando la nada desdeñable cifra de más de 4 millones de euros (Ver en prensa). Curiosamente la DGFP señala en el pliego de prescripciones técnicas que "de acuerdo a su objetivo de incrementar la eficacia, eficiencia, calidad, mejorar el nivel de servicio y reducir costes en el desarrollo, soporte y mantenimiento de los Sistemas de Información, ha decidido transformar el actual Modelo de Gestión de Desarrollo de Aplicaciones a través de un nuevo marco que desarrolle la prestación del servicio mediante el establecimiento de un Acuerdo de Nivel de Servicio."

La externalización prescinde de las previsiones que establece nuestro ordenamiento jurídico tanto para el ejercicio de potestades públicas, el Sirhus conlleva el manejo de datos personales correspondientes a los funcionarios de la Administración General de la Junta, como para el acceso a la Función Pública bajo los principios consagrados por nuestra Constitución de igualdad, mérito y capacidad.

La Cámara de Cuentas de Andalucía insiste: "Deben desarrollarse los procedimientos de selección de personal necesarios para completar la relación de puestos de trabajo, pues a pesar de las restricciones presupuestarias impuestas en todas las administraciones públicas, la contratación externa de personal pudiera tener un coste superior al de los créditos presupuestarios necesarios".

Especialmente interesante resultan las consideraciones que en el Informe se hacen acerca de la política de seguridad del sistema Sirhus, desprotegido frente a vulnerabilidades y carente de los sistemas de seguridad adecuados para la protección de los datos que se almacenan. SAFJA subraya la gravedad de este asunto, sobre todo porque la información recopilada es la relativa a la gestión de los recursos humanos del personal de la Junta de Andalucía, a sus nóminas y a otros datos personales, que podría conllevar responsabilidades por parte de la Junta de Andalucía al vulnerar la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

Así, el informe señala que la política de seguridad de la Consejería de Justicia y Administración Pública en general, y de la DGFP en particular, debe mejorar. El informe establece las siguientes irregularidades:
- No se ha producido un análisis de los riesgos por amenazas y vulnerabilidades en cuanto a la seguridad de los sistemas de información de la Consejería.
- El documento de seguridad, previsto en la normativa sobre protección de datos, no está actualizado ni revisado desde su implantación en marzo de 2003.
- Los controles periódicos sobre el cumplimiento de este documento de seguridad, conforme a la normativa sobre protección de datos, no se han ejecutado.
- La auditoría sobre la adecuación de las medidas y controles de seguridad a la ley y reglamento de protección de datos, de periodicidad bianual, se ha realizado en abril de 2010 por primera vez desde 1999.
- Varias personas disponen de más de una tarjeta de acceso al centro de proceso de datos.
- No hay un registro de entradas de las personas a este centro, sobre todo de aquellas que no tienen tarjeta y acompañan a personal autorizado puntualmente.
- No hay procedimientos para la renovación periódica de claves ni un sistema de generación automática de las mismas.
- Las copias de seguridad se guardan en una caja fuerte que no se cierra.
- El plan de contingencias de la Dirección General de la Función Pública no se ha revisado ni actualizado semestralmente como prevé el propio documento.

Ante el continuo quebrantamiento de la legislación, la Cámara de Cuentas de Andalucía insta a la Administración que implante y ejecute "los procedimientos que resuelvan las incidencias y debilidades puestas de manifiesto. Sobre todo, las relativas a la normativa de protección de datos pues, en tanto no se resuelvan, se estaría incumpliendo el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal".

Además de todas las irregularidades denunciadas en el Informe y como increíble ejemplo de la falta de seguridad, SAFJA considera el colmo de la insolencia que la caja fuerte que guarda las copias de seguridad no se cierra. Por todo ello y respaldando el categórico argumento del Informe emitido por la Cámara de Cuentas andaluza, el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía entiende que esta irresponsabilidad por parte de la Junta de Andalucía deben ser subsanadas de inmediato y exige que se adopten las medidas oportunas para corregir tales irregularidades, que se actúe responsablemente por parte de la Junta y que se doten las plazas pendientes de ser cubiertas, en tanto en cuanto, ello supone un derroche innecesario de dinero del conjunto de los ciudadanos andaluces.

Descargar informativo para colgar en tablón (versión PDF).

LUCHAMOS POR TUS DERECHOS
SOMOS FUNCIONARIOS COMO TÚ