La Justicia admite a trámite la querella presentada por el Sindicato contra los responsables de este fraude.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha admitido a trámite la querella presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAFJA, contra el que fue Director General de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero Benítez, y todos aquellos que, a tenor de las investigaciones que se lleven a cabo, resulten responsables de la trama organizada en la que han participado intermediarios, empresarios, distintos cargos y responsables de la Junta de Andalucía, con el único fin de incluir en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), financiados en su mayor parte por el citado organismo, a personas ajenas a las empresas beneficiadas con estas ayudas (Ver en prensa).
SAFJA se muestra satisfecho ante la decisión judicial y confirma que seguirá adelante. Los hechos denunciados se han desarrollado a lo largo de más de una década y las motivaciones se han fundamentado en razones de amistad, profesionales y fundamentalmente por compromisos comerciales o de dependencia. Así se ha prescindido del protocolo legalmente establecido para otorgar las ayudas citadas anteriormente y se ha contado con la ayuda de personal ajeno a la Función Pública. Por todo ello, este Sindicato considera claves la AUSENCIA DE PERSONAL FUNCIONARIO que controlase de manera exhaustiva el procedimiento en cuestión y la huída del Derecho Administrativo.
Prueba evidente de lo expuesto por el Sindicato Andaluz de Funcionarios es que la Intervención General, en reiteradas ocasiones, denunció las vulneraciones en la concesión de este tipo de ayudas, que obviaban lo establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma. Es más, estos avisos han sido reconocidos por el propio Gobierno andaluz.
De esta manera, SAFJA entiende que existen claros indicios de comisión de un posible delito de tráfico de influencias, regulado en el artículo 428 del Código Penal, y malversación de caudales públicos en concurso con el delito de prevaricación, ambos tipificados respectivamente en los artículos 432 y 404 de la citada Ley sustantiva penal.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía no cesa en la defensa por una Administración PÚBLICA, LIBRE E INDEPENDIENTE y continúa así con la lucha contra la privatización de la Función Pública, reivindicación pionera para este Sindicato y que constituye una de las más importantes.
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