La lucha contra la Ley del enchufismo no cesa y el Alto Tribunal andaluz continúa con las últimas impugnaciones presentadas por este Sindicato.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAFJA, ha recurrido, y solicitado la suspensión cautelar, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tanto los estatutos como los protocolos de integración del personal de las Agencias creadas por la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz. En este sentido, el Alto Tribunal andaluz ha decidido seguir adelante con los procedimientos judiciales emprendidos por este Sindicato admitiendo a trámite todos los recursos contenciosos-administrativo (Ver en prensa).

Ante los continuos despropósitos del ejecutivo andaluz que pretende colar por la puerta de atrás a unos 30.000 laborales, al mismo tiempo que declaraba en prensa que los 25.000 funcionarios existentes en la Administración General de la Junta eran demasiados, los servicios jurídicos de este Sindicato, sin dilación, presentaron los recursos contra los estatutos de las Agencias sólo cuatro días después de su publicación en BOJA. La misma premura que llevaron a cabo para recurrir los protocolos de integración del personal laboral de dichas Agencias.

SAFJA ya presentó las alegaciones oportunas a los estatutos, hasta en dos ocasiones, y a los protocolos de integración del personal laboral de las Agencias, para los que la Administración Pública, como viene siendo habitual, se ha saltado todos los plazos y trámites legales. Tras todas las medidas legales tomadas, Alfredo Pérez Martínez, Presidente y Coordinador General de SAFJA, se muestra "satisfecho ante la nueva puerta abierta que deja la Justicia, en la que confiamos plenamente," y espera que "esto sólo sea el principio del fin de una concienzuda y valiente lucha que los funcionarios públicos estamos llevando a cabo contra una Ley que establece el amiguismo político y el enchufismo como requisitos prioritarios para trabajar en la Administración Pública". El Presidente de SAFJA recuerda que "las Resoluciones impugnadas, además de ser contrarias a Derecho, proceden de una norma legal que resulta completamente inconstitucional como es la Ley 1/2011 y, al mismo tiempo, incumplen el propio EBEP".

Pérez Martínez apostilla que "los servicios públicos se verán claramente deteriorados ante esta privatización en cubierto que impone la Administración pública, pues los estatutos conculcan el principio de seguridad jurídica, entre otras muchas normas del ordenamiento jurídico, y constituyen el paradigma de la huida del derecho administrativo al consagrar funciones propias de las Consejerías y sus funcionarios a personal laboral de las Agencias regidos por Derecho Privado". Para finalizar, el Presidente de SAFJA reitera la gravedad de esta imposición del Gobierno andaluz cuando especifica que "el funcionario estará bajo el poder de personal directivo de naturaleza laboral y cuyo nombramiento no responde a criterios de mérito, experiencia, especial cualificación y libre concurrencia, sino de estricta confianza política. Una tesitura gravemente peligrosa para los derechos e intereses de todos los ciudadanos receptores de servicios públicos".

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