SAFJA denuncia, en solitario, la negativa de la Junta a facilitarnos la información que justifique la gigantesca externalización existente, a pesar de estar obligada por Ley y de los escritos presentados por el Sindicato al respecto.

fiscalia laboralesEl Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía ha presentado ante la Fiscalía una denuncia por la falta de información y la negativa a entregar a esta Organización Sindical información y documentación sobre los listados de externos, presentes en los organismos oficiales, bien a través de agencias instrumentales, o bien a través de contratos de asistencia técnica. Éste es el resultado de la inoperancia que hemos recibido por parte de la Junta a facilitarnos la información que justifique la presencia de los trabajadores externos en la Administración, a través de los respectivos escritos presentados en todas las Consejerías, Delegaciones Provinciales y Organismos. En estos documentos, SAFJA exigió copia de los contratos de este personal, qué tipo de funciones desempeña cada uno y si disponen de clave privada de acceso a los sistemas informáticos. Además, este Sindicato solicitó una relación de plazas vacantes y desdotadas de todos los centros de trabajo (Ver denuncia) (Ver en prensa) (Ver más información).

Así, la Administración autónoma dando, una vez más, muestras de la opacidad que la caracteriza no ha querido facilitar la información requerida, alegando para ello cuestiones contradictorias, dado que unos organismos defienden que, a tenor del artículo 40.1 del Estatuto Básico del Empleado Público no contempla tal extremo, quedando fuera del ámbito tanto de las organizaciones sindicales como de las Juntas de Personal; y otros, por el contrario, que son las Juntas de Personal y los Delegados de Personal los que deben solicitarlo. Lo único que deja claro tanta contradicción es que la información requerida no se va a facilitar, poniendo para ello todo tipo de trabas y retorciendo la interpretación de la norma a su antojo, dado que como ejemplo la solicitud en Sevilla está firmada por el Presidente Provincial del Sindicato que ostenta, a su vez, la cualidad de Delegado de Personal, gozando, por tanto, de la legitimación necesaria para realizar la petición referenciada.

Ya que la Junta se cierra en banda y hace caso omiso a la legislación vigente, SAFJA ha vuelto a defender, vía penal, lo que lleva haciendo desde hace años: la excesiva externalización, bien por entidades instrumentales, bien a través de contratos de asistencia técnica. Esta auténtica desfuncionarización que el Gobierno andaluz está llevando a cabo de manera descarada, cuya polémica saltó a la opinión pública por los Decretazos, conculca y vulnera de manera palpable los derechos de los funcionarios, no sólo por la usurpación de sus legítimas potestades, sino porque sus puestos de trabajo en la RPT se han ido desdotando progresivamente hasta alcanzar niveles inadmisibles en la Junta e impidiendo la promoción profesional de los funcionarios al no cubrirse estos puestos mediante el concurso de méritos.

Estas actuaciones irresponsables y despilfarradoras de nuestros dirigentes son las culpables del clima de tensión extendido entre funcionarios y personal laboral. Una vez más, SAFJA aclara que la lucha llevada a cabo por esta organización JAMÁS ha estado enfocada a intereses particulares o a un tipo de personal concreto, sino que el único frente de batalla abierto ha sido siempre la arbitrariedad y el incumplimiento de la legislación que el Gobierno andaluz ha tomado por bandera. No hay más que mirar alrededor: el Gobierno de la Junta de Andalucía no engorda las Ofertas de Empleo Público, la de 2010 es una de las más raquíticas de la historia; ni dota las plazas vacantes; ni convoca concursos de méritos; sino que despilfarra en encomiendas y subvenciones millonarias a sus sindicatos y a su Administración Paralela, antes empresas públicas y ahora Agencias.

SAFJA continuará defendiendo los derechos de nuestros representados y denunciando, desde todas las vías legales posibles, el incumplimiento de la legislación vigente por parte del propio Gobierno autónomo y las irreparables consecuencias que estos hechos conllevan a la ciudadanía.

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