Se hace camino al andar: la única querella contra el Presidente de la Junta y sus Consejeros por un presunto delito de prevaricación, interpuesta por SAFJA, sigue adelante.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha admitido a trámite la querella interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios contra el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por el Decreto-Ley 5/2010. La denuncia, vía penal, sigue así adelante. De esta manera, SAFJA ha sido el único en querellarse contra el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, es decir, contra el Presidente de la Junta y sus Consejeros, por un presunto delito de prevaricación regulado en el Código Penal. En un hecho histórico a nivel nacional, SAFJA ha llevado a cabo en solitario esta acción legal, tal y como hizo con el recurso interpuesto contra la primera fusión de empresas públicas convertida en Agencia (Ver recurso contra la primera Agencia) (Ver querella por vía penal) (Ver querella en prensa) (Ver admisión a trámite en prensa).

El Sindicato Andaluz de Funcionarios no cesa y continuará trabajando para derogar el Decreto-Ley 5/2010 por las únicas vías legales existentes ante la falta de negociación por parte de la Administración. El tema no es para menos, y es que dicho Decreto-Ley vulnera los más elementales derechos fundamentales, quebrantando, entre otros, el principio de igualdad en el acceso a la Función Pública, consagrado en nuestra Constitución. Además, el Gobierno andaluz se quita de un plumazo tener que llevar a cabo encomiendas de gestión, pasando así de las numerosas sentencias y autos, a instancia de SAFJA, y la jurisprudencia existente al respecto, que han condenado y anulado muchas de esas encomiendas (Ver Auto de SADESI) (Ver Auto de FAFFE) (Ver Auto de Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía).

Es más, el Consejo de Gobierno ha actuado con premeditación, procediendo a base de Decretazo, sin trámite parlamentario, evitando así cualquier tipo de discusión. Esta actitud deliberada quebranta los principios fundamentales y el Estatuto de Autonomía, provocando serios agravios en los funcionarios y perjuicios irreparables en los ciudadanos que deseen acceder a la Administración, ya que el coladero del personal de las empresas públicas, que el Decreto-Ley no aclara, mermará considerablemente las ofertas de empleo público. Así lo hemos explicitado en nuestra querella, incluyendo también la urgencia ejercida por el Consejo de Gobierno al aprobar estas medidas en plenas fechas estivales. Una precipitación sin sentido, pues para hacer efectivo este Decreto-Ley se deberán aprobar los estatutos de las nuevas Agencias, asunto que puede tardar meses e incluso años.

¿Porqué no se aprueba primero en el Parlamento la Ley del Empleado Público Andaluz y después se hace la reestructuración? Esta reestructuración del sector público andaluz fortalece aún más la "Administración Paralela", menoscabando la propia Administración y que, por si fuera poco, no mejora la prestación y la eficacia de los servicios públicos. El blindaje del personal de las Agencias, conlleva un despótico atropello a los derechos de opositores, funcionarios y ciudadanía, en general, que desde SAFJA no estamos dispuestos a consentir, por lo que continuaremos luchando ante la Justicia y denunciando ante la opinión pública esta imposición a hurtadillas, cuyo único efecto positivo es la funcionarización del personal de las empresas públicas a costa de los derechos de funcionarios, opositores y ciudadanos receptores de servicios públicos.

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