Hemos recurrido, por derechos fundamentales, la reordenación del Sector Público Andaluz.También hemos pedido su suspensión cautelar.
El Sindicato de Funcionarios de la Junta de Andalucía presentó, el pasado lunes, día 9 de agosto de 2010, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), un recurso contra la decisión del Gobierno Andaluz de Reordenar el Sector Público Andaluz o, lo que es lo mismo, su "Administración Paralela" (Ver Decreto-Ley) (Ver primera y segunda hoja del recurso) (Ver cuadro resumen de las nuevas agencias).
Con este recurso denunciamos, ante el supremo órgano judicial andaluz, que el Gobierno Andaluz no ha negociado previamente el "Decretazo", previamente con las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de la Administración General de la Junta de Andalucía, así como tampoco respeta los derechos de los funcionarios, ni los de la ciudadanía que quiere optar a un puesto de trabajo en la Junta, en igualdad de condiciones. Por lo que dicho "Decretazo" supone un fraude a las Ofertas de Empleo Público y a los concursos y promoción interna de los funcionarios.
Igualmente, esta norma viene a reforzar la "Administración Paralela" en detrimento de la propia Administración y, por ende, de sus funcionarios, pues estamos viendo en el BOJA como la Junta sigue encomendada tareas reservadas en exclusiva a los funcionarios, por el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, a su gran entramado de empresas públicas, agencias y fundaciones.
Como verás más debajo de esta noticia, puedes descargarte la primera página del recurso, por derechos fundamentales, así como la segunda, donde puedes comprobar, que lo hemos presentado el 9-08-2010 y que, también, hemos solicitado la suspensión de la ejecución del citado "Decretazo".
Desde el Sindicato no dejaremos de acudir al amparo de la Justicia, debido a este continuo atropello que padecemos los funcionarios en nuestras nóminas, en nuestro trabajo y carrera profesional, a causa de la reiterada usurpación de funciones que sufrimos en favor de las agencias, empresas públicas y fundaciones de la Junta, y también para que el Gobierno Andaluz respete el derecho de la ciudadanía a acceder a la Función Pública andaluza, respetando las principios constitucionales de acceso a la misma, como son los de igualdad, méritos y capacidad, así como el de publicidad.
