3 mil millones de euros para la Administración Paralela, 5,5 millones para sueldos de altos cargos, 14 millones para publicidad institucional, 47,6 millones para el Palacio de San Telmo y 112,5 millones para CCOO, UGT, CEA y FAFFE, son algunas medidas de "austeridad" contra la crisis del Gobierno andaluz.
El recorte funcionarial parece ser la medida estrella del Gobierno andaluz para ahorrar en tiempos de crisis. Así lo ha manifestado abiertamente el Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán: "Lo digo sinceramente, la Administración no necesita cada vez más funcionarios porque no es posible mantener ese gasto". Está claro que la Administración no puede sostener la cantidad de gastos que soporta la Comunidad. Gastos entre los que se encuentran las transferencias y subvenciones de dinero público para las empresas públicas, consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones, cifra que asciende a casi 3 mil millones de euros procedentes del Presupuesto de la Comunidad para 2010 (Ver BOJA número 254, de 31 de diciembre de 2009, páginas 7 y 8).
También Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, durante una rueda de prensa ha advertido esta semana que "está sobre la mesa la revisión del acuerdo salarial" de los empleados públicos. De este modo abre la puerta a la congelación de los salarios de los funcionarios a partir de 2011, al no aplicar subida alguna. El instrumento principal será la reducción de la tasa de reposición, es decir, sólo se cubrirá una de cada 10 vacantes (vacantes cuyo número sólo conocen ellos, a pesar de nuestras continuas demandas, por lo que ni siquiera sabemos qué cifras están barajando). Inmediatamente, Economía ha dado marcha atrás con la idea de revisar los acuerdos salariales con los funcionarios y la Vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha asegurado que el Gobierno no tocará los salarios. O, mejor dicho, no volverá a tocarlos puesto que, entre tanto vaivén de declaraciones, debemos recordar que el pasado 25 de septiembre de 2010, el Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSI.F firmaron el acuerdo para la Función Pública, que afectará a más de 2,6 millones de empleados públicos de todas las administraciones, y que contempla una mísera subida salarial del 0,3%, contra la que ya nos manifestamos (Ver nuestra denuncia al respecto).
Sí afirmó la Vicepresidenta que, efectivamente, pretenden cubrir una de cada 10 plazas de los funcionarios que van a jubilarse y que se recortará la Oferta de Empleo Público para 2010, contra la que ya nos opusimos por su irrisorio número de plazas y su falta negociación en la Mesa Sectorial (Ver nuestra denuncia al respecto). Por ello, en algo parece estar de acuerdo con el Secretario de Estado de Hacienda que defendió la necesidad de una reforma laboral ambiciosa, "que cambie las expectativas y la sensación de estar condenados a tener parados mucho tiempo". No es extraño que se pretenda un recorte de gastos, ya que el Ejecutivo socialista gastó el doble de lo que ingresó por vía fiscal en 2009. En concreto, el gasto público ascendió a 205.714 millones frente a unos ingresos de 105.929 millones. El déficit del Estado fue de 99.785 millones, es decir, el 9,49% del PIB (Ver fuente consultada). ¿Pero una reforma laboral "ambiciosa" es, según el Gobierno, recortar el empleo estable y congelar el sueldo a los empleados públicos? ¿Los descomunales salarios de los altos cargos y el excesivo engorde de la Administración Paralela no son viables para combatir el paro y la crisis económica? En la Administración andaluza hay 25.000 funcionarios y 50.000 laborales, de los cuales 25.000 pertenecen a empresas públicas. Es decir, existe el mismo número de funcionarios que de trabajadores de la Administración Paralela. Quizás resulte más fácil, para no suprimir gastos innecesarios, colocar a los funcionarios en el ojo del huracán, pero silencian que, año tras año, se nos incrementaba un irrisorio 2%, marcando un tope en la subida de nuestras retribuciones, cuando el IPC se disparaba al 4% ó al 5% y los Convenios Colectivos contemplaban subidas superiores al IPC previsto por el Gobierno, de lo que nos alegramos.
Según Elena Salgado, "el Gobierno va a hacer el máximo esfuerzo de racionalización de su propio sector", lo que incluirá "una reducción importante del número de empresas públicas" y, por eso, la Vicepresidenta espera que las comunidades y los ayuntamientos hagan lo propio. Desde SAFJA, no podemos perder la oportunidad de exigir al Gobierno andaluz que se ciña a las pretensiones del Gobierno Central, puesto que llevamos años denunciando el excesivo engorde de la conocida como Administración Paralela. Este entramado de empresas públicas, totalmente deficitarias, que comenzó siendo un grupo de 24, va en aumento y ya la conforman unas 150, todo ello en detrimento de la Función Pública andaluza. Un auténtico agujero negro para la economía andaluza, cuyo gasto en 2009 aumentó un 28%. Sólo en SAFJA tenemos ya recurridas varias encomiendas de gestión a dichas empresas, lo que supone un gasto de casi 3 millones de euros, solamente en dichas encomiendas. Siempre hemos defendido, por activa y por pasiva, y la ley nos lo corrobora, encomendar a los funcionarios de carrera, en exclusiva, el ejercicio de las potestades públicas inherentes a los órganos de las diversas Administraciones. Todo ello, como garantía de los derechos de los ciudadanos, en pie de igualdad, y para que velemos por el interés general (art.9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público). Por tanto, la Junta no está respetando la Ley con la creación y mantenimiento de esta Administración Paralela. .
Sin embargo, la política de personal del Gobierno Andaluz, con su Presidente a la cabeza, es engordar este entramado público, que no Administración, donde brillan los controles del gasto público por su relajación. Es más, en el presupuesto de 2010 se destina a las empresas públicas casi cuatro veces más que a fomento económico y de la actividad empresarial (Ver fuente consultada). Recordamos a Griñán que estas mismas empresas públicas acumulaban, a 30 de junio de 2009, un déficit de 350 millones de euros al que se tendrá que hacer frente con el dinero de todos los andaluces.
Un buen ejemplo es el Acuerdo del Gobierno Andaluz que autoriza a la Consejería de Empleo a que dé una subvención nominativa a la FAFFE por importe de más de 6 millones de euros en materia de acciones integrales de Empleo, competencia clara de dicha Consejería. Subvención contraria a Derecho por la argumentación jurídica del propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la Sentencia que anula otra encomienda a la FAFFE, a instancia nuestra (Ver subvención de FAFFE en el BOJA) (Ver sentencia a favor de SAFJA). También detuvimos otra encomienda de gestión, esta vez a Sadesi, cuyo gasto ascendía a 100 mil euros (Ver más información al respecto).
José Antonio Griñán aseguró en 2009 que se llevaría a cabo una reducción a la mitad, con un ahorro de 3 millones de euros únicamente en sueldos, los 112 altos cargos de las Delegaciones Provinciales que cuestan actualmente al erario público más de 5,5 millones de euros (Ver fuente consultada). Aún estamos esperando esta reducción. Eso sí, la Junta de Andalucía no repara en gastos para publicitarse, pues es el segundo gobierno autonómico que más gastó en anunciarse en los medios de comunicación durante los nueve primeros meses de 2009, según un estudio sobre la inversión publicitaria de las administraciones públicas realizado por la consultora de comunicación Medio Público. Esto se traduce en más de 14 millones de euros.
Tampoco hay crisis para otros gastos como los casi 48 millones de euros de las obras del Palacio de San Telmo, según cifró la Consejera de Economía y Hacienda ante el Pleno del Parlamento. Aún así las cuentas no cuadran puesto que la misma Consejera habló de un coste de 1.468,14 euros por metro cuadrado, de manera que la cifra final debería ser superior. ¿Pero están incluidos los costes de amueblamiento y equipamiento del Palacio, así como cuántos metros cuadrados se van a utilizar finalmente y si el edificio va a estar destinado íntegramente a la sede de la Presidencia? Recordemos que en el traslado de la Presidencia a la Casa Rosa, el Gobierno andaluz tuvo que invertir más de 200 mil euros para acondicionarla a este uso.
No nos olvidemos de los sindicatos. Debe ser complicado desligarse de una Administración de la que han percibido en los últimos cuatro años, sólo en Andalucía, más de 250 millones de euros (Ver Listado completo de subvenciones a CCOO. Fuente: Libertad Digital) (Ver Listado completo de subvenciones a UGT. Fuente: Libertad Digital). Ingresos a los que hay que sumar además los percibidos indirectamente a través de Fundaciones y otras organizaciones afines, nada despreciables por cierto. Sin ir más lejos, en enero de este mismo año denunciamos las últimas subvenciones públicas percibidas por CCOO, UGT, FAFFE y CEA, que ascendían a 112,5 millones de euros (Ver nuestra denuncia pública).
¿Y si el Gobierno andaluz probara con recortar todos estos gastos, descomunales e innecesarios? ¿Y si a los gastos ya citados, se añadiera la reducción de las sustanciosas retribuciones de cargos políticos, Senadores, Diputados, Parlamentarios de las CCAA, Diputados Provinciales, Gobiernos Provinciales, Locales, Insulares, etc.? Desde SAFJA denunciamos las serias repercusiones que van a generar las imprudentes decisiones y la nefasta gestión económica de la Junta, afectando no sólo al sector funcionarial sino también a los opositores, cuyo número aumenta en tiempo de crisis. No podemos enmudecer ante lo que consideramos un auténtico linchamiento político al sector funcionarial y seguiremos luchando, como siempre, para que los empleados públicos no se conviertan en el centro de la diana y para que las medidas de ahorro y austeridad se lleven a cabo cerrando, de una vez por todas, las puertas del dinero público a, por ejemplo, las excesivas retribuciones de altos cargos o a la injustificada Administración Paralela, sustitutiva de la Función Pública.
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