El Sindicato manifiesta su rechazo e indignación a una subida salarial del 1% frente a los 6 años congelados.

concentracion san telmoTras el anuncio realizado por el Ministerio de Hacienda en relación con la subida salarial en 2016 para los funcionarios públicos, el Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, manifiesta su más absoluto rechazo e indignación a una subida salarial del 1% (Ver en prensa).

Hay que recordar que los funcionarios llevan con su salario congelado desde 2010 y en ese mismo año tuvieron un recorte del 5% en su sueldo. La subida del 1% propuesta por el Estado para los funcionarios es inferior a la pactada entre los sindicatos y la patronal para los trabajadores de sector privado, siendo la subida para 2016 del 1.5%.

La situación de los funcionarios en Andalucía es más grave y penosa. Aparte de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 realizada por el gobierno central, siendo la Junta la única administración española que todavía no ha devuelto un céntimo de dicha paga, durante los años 2013 y 2014 las pagas extraordinarias sufrieron un recorte de media de un 50%, y no está previsto por el Gobierno andaluz su devolución.

También fue la única Administración en adoptar esta medida antisocial en contra del funcionariado, así como la disminución del 10% de sueldo a los funcionarios interinos, etcétera.

A todo esto hay que añadirle la suspensión de las Ayudas de Acción Social (de nuevo la única administración española que realiza este recorte), aumento de jornada y horarios, pérdida de derechos (asuntos particulares y vacaciones), amortización de puestos, no reposición de efectivos, afectando a promoción interina y oferta de empleo público, cuando la administración paralela sigue creciendo (informes Cámara de Cuentas de Andalucía), cuatro años sin convocatoria de concurso de traslado, etcétera.

Esta irrisoria subida propuesta no palia en absoluto los recortes salariales y sociales realizados a los funcionarios, duramente castigados durante estos terribles años de crisis económica. Los funcionarios han perdido, aproximadamente, un 30% del poder adquisitivo.

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