Una denuncia presentada por SAF desencadena que la Inspección Provincial de Trabajo exija la realización de evaluación de riesgos en dos Agencias.
Como respuesta a las denuncias del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y tras los exámenes correspondientes, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla ha notificado los requerimientos para que se realice la evaluación de riesgos en los centros de trabajo de las Agencias del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) (Ver en prensa).
La Inspección advierte que la Junta continúa incumpliendo sus obligaciones en materia de PRL con muchos de sus trabajadores y, por ello, le requiere aprobar la documentación preventiva más importante y básica, concretamente los planes de prevención de riesgos laborales (PRL) en toda Andalucía y las evaluaciones de riesgos de las sedes de las Agencias citadas en Sevilla capital.
SAF, como sindicato mayoritario de funcionarios en la Administración General de la Junta, una vez más exige un auténtico compromiso con la PRL de sus trabajadores. Ejemplos de esta falta de compromiso con la prevención son los sucesivos brotes de violencia que recientemente se han producido en la Oficina del SAE del barrio de la Macarena en Sevilla, entre otros muchos problemas, accidentes e incluso enfermedades que sin duda se podrían haber evitado.
No es el primer requerimiento de la Inspección de Trabajo, que hizo lo propio en mayo de 2012 ante el incumplimiento de la Junta en todas sus Consejerías. SAF recuerda que la Ley de PRL fue aprobada hace ya casi 20 años y que el Sindicato ha acudido incluso a la Comisión Europea para presentar una denuncia en marzo 2011.
SAF denuncia que la Junta no es transparente en PRL y no facilita suficiente información ni a Comités de Seguridad y Salud, recientemente constituidos, ni a Delegados de Prevención. Además, la Junta vulnera la normativa básica, el Decreto 304/2011 y los planes de prevención al no dotar a las Unidades de Prevención con medios personales y materiales necesarios.
SAF destaca que las figuras de los técnicos intermedios y del personal de apoyo administrativos no están recogidos en las relaciones de puestos de trabajo, lo que imposibilita que las Unidades de Prevención recién creadas como Servicio de Prevención Propio afronten sus obligaciones preventivas como evaluaciones de riesgos psicosociales, planificación preventiva, formación, gestión de procedimientos, vigilancia de la salud, etcétera.
SAF manifiesta la gravedad de estas vulneraciones en temas tan sensibles como la seguridad de trabajadores y pide a la Junta de Andalucía que predique con el ejemplo, ya que exige el cumplimiento de estas obligaciones en materia de PRL a las empresas privadas andaluzas.
Descargar informativo (versión pdf).
