El Sindicato basó su denuncia en el Informe de la Cámara de Cuentas que advierte de la ausencia de procedimientos de publicidad, concurrencia o méritos al contratar a personal.
El Fiscal Superior de Andalucía incoa diligencias de investigación penal a raíz de la denuncia presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, que advirtió sobre el informe de fiscalización OE 02.2/2012, de la Cámara de Cuentas de Andalucía. SAF pidió esclarecer las irregularidades que recoge dicho Informe sobre la contratación de personal de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) procedente de la extinta Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A. (DAPSA) (Ver en prensa).
El Informe ha detectado que en los expedientes analizados "a personal directivo y de especial confianza no consta documentación que pueda acreditar que la selección se haya realizado mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia," ni "atendiendo a los principios de mérito, capacidad e idoneidad". Estos hechos "podrían suponer indicios de responsabilidad contable por alcance por los importes abonados sin justificar", al indemnizar a contratados de alta dirección y asesores de especial confianza, al margen de la normativa y sin justificación.
Según la Cámara, el personal se renueva anualmente y afirma que "es la misma Consejería la que especifica las personas y/o empresas a las que DAP debe contratar". Incluso la Cámara añade que DAPSA, ahora Agencia, llevaría más de 15 años contratando al mismo personal impuesto por la Consejería, sin requisitos y sin procedimientos administrativos.
SAF advierte que si esto fuera cierto podrían existir responsabilidades por un delito de tráfico de influencias y denuncia que, a pesar de todo, la empresa pública duplicara su personal. Según una sentencia del Juzgado de lo contencioso número 3 de Sevilla, el 85% del personal de DAPSA es indefinido no fijo, 1.546 trabajadores de los 1.812 que existían en la fecha de la sentencia.
También existen irregularidades en materia de transferencia de financiación corrientes y de capital, referente a una "clasificación económica de los créditos inadecuada, consignando como "transferencias de financiación" y "transferencias de asignación nominativas de capital", lo que en realidad eran créditos destinados a financiar actividades de explotación específicas de la CAP".
SAF entiende que las ofertas de empleo público son las herramientas que se deben utilizar para que cualquier ciudadano pueda acceder a la Administración pública en igualdad de condiciones. El Sindicato deduce que la contratación de personal laboral en el seno de una Agencia de Régimen Especial, sin respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad como obliga la Constitución Española, puede ser constitutivo de un delito de prevaricación y nombramiento ilegal, más aún con el volumen de caudales públicos destinados a la misma.
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