El Sindicato denunció que la Junta no acata las sentencias firmes y deja en el limbo a opositores que participaron en una oferta que se aprobó hace 11 años.
El Defensor del Pueblo Andaluz facilita al Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, el escrito dirigido a la Secretaría General para la Administración Pública en referencia a la tramitación del expediente de queja promovido por los afectados del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Opción Trabajo Social, de la oferta de empleo público (OEP) de 2003. En esta ocasión, el problema incide en una nueva nota de corte establecida por la Administración que es superior a la de 2006 y deja fuera a 20 opositores (Ver en prensa).
Esta dramática situación viene de lejos. Más de 60 opositores que participaron en las mencionadas pruebas de acceso acudieron a la vía jurisdiccional al no valorarles determinados méritos en el concurso y obtuvieron numerosas sentencias estimatorias que la Junta recurrió ante el Tribunal Supremo y que, tras allanarse la propia Administración, han devenido firmes. Una situación dilatada sin razón y que ahora se alarga por este cambio en la nota de corte que afecta a una veintena de esos opositores.
El Defensor traslada su "preocupación por la situación de esos 20 opositores que se encuentran aún afectados por un proceso selectivo iniciado en el ejercicio de 2003 y que, vía judicial, se les ha reconocido una puntuación superior a la nota de corte de los opositores que, en 2006, obtuvieron plaza y fueron nombrados funcionarios de carrera. Y, ello, derivado por una actuación irregular -en su día- de la Comisión de Selección en la baremación de los servicios prestados - alegados y acreditados- en su día por los aspirantes, y que ha sido rectificada (la actuación de la Comisión) en sede judicial".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, ha desestimado la petición de la Administración de ejecutar las resoluciones judiciales de opositores "que no obtienen plaza por no alcanzar la nueva nota de corte", por lo que el Defensor acuerda "resolver la situación del ejecutante en base a la puntuación reconocida en sentencia, y con relación a la puntuación originaria que deba lugar a la superación del proceso de selección, todo ello con los efectos económicos y administrativos inherentes".
Además, en su escrito el Defensor del Pueblo Andaluz "considera -al igual que se ha reconocido judicialmente- que, esa Consejería debería adoptar las medidas oportunas para incorporar, como funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado medio, Opción Trabajo Social, a todos los opositores que hayan obtenido puntuación superior a la fijada como puntuación de corte en 2006".
SAF denunció en varios escritos este tema, exigió una solución urgente a la dramática situación que sufren los opositores y pidió a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública "con carácter inmediato (...) ejecutar las distintas sentencias firmes y, tras la preceptiva oferta de puestos, se proceda al nombramiento y toma de posesión como funcionarios de estos opositores".
El Sindicato Andaluz de Funcionarios muestra su incomprensión al empecinamiento de la Junta en "no resolver un problema que ha ocasionado la propia Administración y que está dilatando en el tiempo de forma dolosa y absolutamente injustificada, como se deduce de actuaciones como acudir al Tribunal Supremo, recurso que, mientras que para la Junta de Andalucía resulta muy poco costoso, a los opositores les ha supuesto un fuerte desembolso económico y el mantener a los interesados en la incertidumbre a pesar tener resoluciones judiciales favorables a su favor".
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