En los últimos tres años la mayoría de las agencias públicas empresariales han gestionado subvenciones por un valor superior a 950 millones de euros.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha informado en rueda de prensa sobre la denuncia presentada ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla por posibles delitos de prevaricación, usurpación de potestades públicas y malversación de fondos contra 42 altos cargos y ex altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de siete agencias públicas y entes instrumentales, que son la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la Agencia Andaluza de la Energía, el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, la Agencia Públicas de Puertos y la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Ver en prensa) (Ver primera página de la denuncia).
Desde la puesta en marcha de la controvertida reordenación del sector público andaluz, que culminó con la Ley 1/2011, las agencias públicas empresariales han trabajado al margen de la legalidad vigente, tanto de la normativa básica de la propia Junta de Andalucía como de la Constitución Española.
Concretamente, las agencias mencionadas no tienen personal funcionario adscrito. El Sindicato denuncia la sistemática forma de trabajar en estas agencias que usurpan funciones públicas, que deben ser ejercidas por funcionarios, en materias tan significativas como la gestión y la concesión de subvenciones y ayudas, la contratación administrativa, el control de gastos y la fiscalización, fuera de la inspección presupuestaria y de intervención que tantos quebraderos de cabeza está originando en los últimos tiempos.
SAF ha sumado a la denuncia un análisis sobre una muestra de contratos adjudicados y ayudas y subvenciones gestionadas desde 2011 que suponen una cantidad estimada de más de 950 millones de euros de los caudales públicos tramitados por agencias y entes, exceptuando las subvenciones cuya cuantía era inferior a 3.000 euros que no son objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios detalla en la denuncia la numerosa legislación que respalda que el ejercicio de potestades salvaguarda de los intereses generales, corresponden al personal funcionario, objetivo en las fases de control y responsable de velar por el correcto cumplimiento de las garantías de imparcialidad previstas para los ciudadanos en el artículo 103.3 de la Constitución Española. Incluso la Ley 30/1992 prohíbe que las potestades administrativas sean encomendadas a entidades instrumentales sujetas a Derecho privado.
Desde hace más de tres años, la mayoría de las agencias públicas empresariales ejecutan potestades públicas sin la presencia del personal funcionario, al no tener unidad administrativa adscrita. Es más, sólo tres de los 16 directores generales y/o directores gerentes mencionados en la denuncia son funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
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