El Sindicato solicitó que se investigara el contenido del Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre ayudas concedidas a consorcios y que se esclarecieran posibles irregularidades.
A raíz de la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios, el Fiscal Superior de Andalucía ha solicitado autorización al Fiscal General del Estado para prorrogar las Diligencias de Investigación Penal nº 15/2014 sobre las ayudas concedidas a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y participadas por el SAE y por la Administración Local a través de corporaciones municipales y supramunicipales (Ver en prensa).
Durante los años 2010, 2011 y 2012 el SAE concedió ayudas por un valor total de 57.340.676 euros a los 95 consorcios UTEDLT, operativos desde 2002. Precisamente, la denuncia de SAF se origina por el Informe de Fiscalización OE 3/2012 de la Cámara de Cuentas de Andalucía que recogía, al igual que la Unidad Adscrita de Policía Judicial, la opacidad en la finalidad de las subvenciones y las irregularidades en los procesos de selección de personal. En este sentido, la Cámara concluye que "un 2% de las personas seleccionadas no estaban inscritas en el SAE como demandantes de empleo" y que en un 48% de los casos no había mediado convocatoria pública. Es más, los Directores recibían incentivos, indemnizaciones y salarios de miles de euros.
La propia Cámara de Cuentas detecta deficiencias en el uso de herramientas de control, determinando que los procedimientos elegidos resultaban confusos, insuficientes e incompletos. De todo ello, según la misma Cámara, se podrían desprender indicios generadores de responsabilidad penal. Fue entonces cuando SAF solicitó al Ministerio Fiscal investigar los hechos aludidos en el mencionado informe y el esclarecimiento de las irregularidades detectadas en la contratación de personal para la gestión de las ayudas concedidas por la Junta a esas UTEDLT.
El Fiscal Superior entiende que el asunto es "de especial relevancia y posible trascendencia pública" y añade "la evidente complejidad de los hechos investigados, el número de personas que pueden verse afectadas, la importancia material de la investigación, la conveniencia de aclarar aún algunas situaciones administrativas o contables, la acreditación de actuaciones tendentes a la devolución de las ayudas". Además, basa la prórroga en que "la documentación remitida en soporte informático por el SAE no comprende la documentación acreditativa de cada uno de los 95 consorcios concertados, lo que impide verificar al día de hoy la efectiva realización de las actividades subvencionadas, comparar los expedientes con los datos aportados y las actuaciones efectivamente desarrolladas y relativas al cumplimiento de la finalidad a la que estaban destinados los fondos públicos. La comprobación de tales datos, dada la existencia de indicios, de irregularidades e incumplimientos que pudieran representar responsabilidad penal como indica la propia Fiscalía del Tribunal de Cuentas, exige un trabajo de investigación policial extenso y centrado en cada uno de los 95 Consorcios distribuidos en las ocho provincias andaluzas, lo que precisa un plazo mayor para la realización de tales comprobaciones".
La documentación a la que se refiere fue solicitada al SAE mediante Decreto de 24 de junio de 2014, recibida un mes después en soporte informático y ha servido, junto al propio informe de la Cámara de Cuentas, a la Unidad Adscrita de Policía Judicial para ampliar un informe anterior.
SAF continúa en solitario defendiendo el derecho de todos los ciudadanos al acceso a los puestos de la Administración pública andaluza, bajo las premisas constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
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