La Delegación Territorial ignora las continuas peticiones de SAF sobre los datos del personal docente adscrito e incumple las sentencias firmes del TSJA.
Almería.- El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha presentado recurso de apelación ante el Juzgado de Instrucción número seis contra el auto que acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia presentada ante el Ministerio Fiscal contra la Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Almería por incurrir en posibles delitos previstos en el código penal contra los derechos de los trabajadores y la desobediencia de resolución judicial al negar información sobre personal al Sindicato (Ver carátula del recurso) (Ver en prensa).
El auto establece que los hechos no son constitutivos de infracción penal, sin más. La escueta resolución solo señala en su razonamiento jurídico único que "a la vista del contenido de la denuncia y de la documentación aportada, se estima que los hechos, en su caso, pudieran ser constitutivos de un ilícito de carácter administrativo, susceptible de corrección por las propias vías administrativas, lo que excluye la vía penal".
SAF alega que el deber genérico de motivación de las sentencias recogido en la Constitución tiene un contenido fáctico en las resoluciones penales. El Tribunal Constitucional no exige explicaciones de una determinada extensión, solo que dejen de manifiesto el porqué de lo resuelto y que no se trata de una decisión arbitraria. Por ello, el Sindicato solicita en su recurso de apelación que el Juzgado revoque la resolución dictada y se continúe el procedimiento por sus trámites legales.
El Sindicato recuerda que ha presentado documentación suficiente para probar que personal procedente de la Administración docente, externo a la Función Pública, está desempeñando funciones correspondientes a personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía. Esta vía parecía la única para mantener a ese personal externo en una permanente y periódica comisión de servicios, dada la inexistencia de tareas que justifiquen su situación.
Tras las quejas y reclamaciones del personal funcionario, SAF solicitó a la Delegación Territorial de Educación en Almería el listado de efectivos reales pero la Delegada se niega bajo el pretexto de la protección de datos personales. Una excusa con poco fundamento, ya que la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal indica que no procede consentimiento expreso cuando "la cesión está autorizada en una ley" o "responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica". Es más, la identificación de los puestos y sus titulares se publica cada vez que se resuelve un concurso, se adjudica un PLD o se concede un artículo 30.
Esta negativa de la Delegación obstaculiza la labor sindical. SAF manifiesta su intención de luchar por una Administración transparente y profesional desde todas las vías legales a su alcance.
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