El Defensor del Pueblo Andaluz ya reprendió a la Junta de Andalucía por ignorar las peticiones de SAF en materia de prevención de riesgos laborales.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha presentado un escrito ante la Secretaría General para la Administración Pública y ha solicitado la información necesaria para determinar los integrantes de los Comités de Seguridad y Salud (Ver escrito).
Según consta en el anexo del Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía sobre derechos de participación y representación en materia de prevención de riesgos laborales, a cada ámbito de actuación de los Comités le corresponde un número de delegados de prevención por provincia, tanto para el personal funcionario como para el personal laboral.
La Administración de la Junta de Andalucía se muestra opaca en relación a la información que deben tener las organizaciones sindicales sobre el censo de las plantillas totales de personal funcionario y, en el caso del personal laboral, los números de comités de empresas con las correspondientes plantillas por provincias. Ante esta falta de información, SAF ha reivindicado su derecho a la documentación y ha comunicado la imposibilidad de discernir sobre el número de componentes de los mencionados Comités que son los órganos de participación paritarios imprescindibles.
En su escrito, SAF demanda una vez más a la Administración que no ignore sus peticiones y recuerda que ya tuvo que acudir al Defensor del Pueblo Andaluz quien reprendió a la Viceconsejería de Empleo por negar información al Sindicato.
SAF ha sido especialmente combativo en la defensa de la seguridad y de la salud de los funcionarios y ha sido el único sindicato en abrir todos los frentes posibles, desde la vía penal hasta acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social e incluso a la Comisión de las Comunidades Europeas, para denunciar la inexistente evaluación de riesgos laborales de cada uno de los puestos de trabajo de los funcionarios y la falta de Planes de Prevención de Riesgos Laborales que eliminen esa evaluación real de los peligros que acechan a los funcionarios en su puesto de trabajo, tanto físicos como psicosociales.
El Sindicato advierte que la falta de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene ya más de quince años de vigencia, es una peligrosa irresponsabilidad que no solo afecta a los miles de trabajadores de la Junta de Andalucía, sino también a los ciudadanos que acceden a los centros.
Descargar informativo (versión pdf).
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