El Sindicato recuerda que encomendar la revisión de expedientes a personal contratado supone actuar al margen de la ley.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha presentado un escrito dirigido a la presidenta de la Junta de Andalucía que en declaraciones a los medios de comunicación ha informado sobre la contratación de 64 trabajadores interinos como plan de choque para solucionar la revisión interna de los expedientes afectados por el posible fraude en la justificación, el control y la concesión de subvenciones para cursos de formación profesional para el empleo en diversas provincias andaluzas, procedentes del Fondo Social Europeo e investigados por la Fiscalía (Ver en prensa) (Ver escrito).
SAF recuerda en el escrito a la presidenta que debe velar por la legalidad vigente, vulnerada al delegar potestades públicas tan importantes y sensibles como revisar, fiscalizar y posiblemente sancionar que deben ser ejercidas por funcionarios públicos, con mayor motivo si la Junta cuenta con una relación de puestos de trabajo con suficientes puestos para realizar dichas tareas con independencia y transparencia.
Como siempre, el Sindicato apunta que en caso de necesitar personal de apoyo se oferte empleo público en igualdad de condiciones y bajo los principios constitucionales a todos los ciudadanos.
SAF ha obtenido hasta en tres ocasiones el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra las encomiendas de gestión realizadas por la Consejería de Empleo a favor de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) por los mismos motivos por los que ahora se contrata a 64 trabajadores.
Los fallos son fundamentados en que las potestades públicas, tanto directa como indirectamente, solamente pueden ser ejercidas por los funcionarios públicos y que al encomendar dichas funciones al personal contratado vulnera el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público.
La Cámara de Cuentas ya advirtió en 2012 la falta de justificación de 634 millones de euros en subvenciones en materia de formación para el empleo y otros 48 millones de euros en subvenciones nominativas otorgadas a FAFFE.
SAF pide a la presidenta de la Junta que no derive las tareas de investigación en otro personal que no sea funcionario de carrera, personal que ha superado los procedimientos selectivos legales y garante imparcial de los intereses comunes de los ciudadanos.
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