El Sindicato pide mayor nitidez y menor gasto y presenta alternativas que suponen el crecimiento de empleo público.

parlamento andaluzEl Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha presentado las alegaciones al Proyecto de Ley de Transparencia ante la Comisión de Presidencia del Parlamento de Andalucía. En líneas generales, el escrito de SAF persigue la transparencia plena, tilda de opaca la nueva ley y advierte de las graves consecuencias de alargar la sombra que cubre a la Administración paralela, la gran olvidada (Ver en prensa) (Ver carátula del escrito).

El Sindicato denuncia duramente la ausencia absoluta de claridad en el personal de la Administración paralela, del que se desconoce dependencia orgánica, retribuciones y funciones. Entre otras, SAF reivindica la publicación de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y de las funciones del personal eventual y externo, ignorados en el Proyecto, y considera fundamental comprobar si el personal emparentado con cargos públicos ha cumplido los parámetros constitucionales en el acceso a su puesto. De no ser así, el Sindicato pide que se depuren responsabilidades y se cubran las plazas por oferta de empleo público.

Entre las numerosas peticiones de SAF a un Proyecto que considera muy lejano a la nitidez e incompleto, el Sindicato requiere establecer que los límites al derecho a la información son los relacionados a defensa, seguridad pública o datos de protección especial e insiste en reflejar la prevalencia del derecho a la libertad sindical sobre la protección de datos.

SAF se opone a la creación de la Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas y del Consejo de Transparencia, con un entramado de órganos que soporta un aumento innecesario del gasto público y que no aclara los procesos de selección del personal que los formará. Según la Constitución, toda función que requiera garantías de imparcialidad y objetividad debe ser desempeñada por personal funcionario. Por ello, SAF propone modificar las RPT para crear unidades administrativas, compuesta por funcionarios que cumplan los requisitos, como inspectores e interventores, y cubrir puestos mediante oferta de empleo público.

A lo largo del extenso escrito, el Sindicato considera también esencial publicar los resultados de la función interventora del gasto de las entidades de la Junta y de los contratos menores, eliminar el uso generalizado de la libre designación como provisión de los puestos en los niveles más altos de la Administración y que se realice excepcionalmente como prevé la legislación básica.

SAF manifiesta que en la práctica la Junta niega documentación necesaria para el ejercicio de la labor sindical y desobedece las constantes sentencias judiciales. El Sindicato concluye mostrando su indignación ante un Proyecto de Ley que no soluciona en nada la opacidad que caracteriza la Administración andaluza y lamenta que se pueda perder la oportunidad de elaborar una ley que asegure la transparencia "en el ejercicio de las potestades públicas de todos y cada uno de los responsables públicos que perciben cualquier cantidad dineraria con cargo al erario público andaluz".

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