El Sindicato ha advertido la falta de prevención y la peligrosidad a la que están sometidos los trabajadores del centro.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla por posibles delitos de mobbing o acoso laboral y contra los derechos de los trabajadores. Las afectadas son dos funcionarias de carrera adscritas al Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía (Ver carátula de la denuncia) (Ver en prensa).
La denuncia va dirigida contra la Delegada Territorial, el Secretario General y la Jefa de Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial en Sevilla de la citada Consejería. En el texto de la denuncia, SAF manifiesta que las funcionarias están expedientadas por faltas que pueden conllevar sanciones muy graves. Además, el Sindicato afirma que las trabajadoras están muy afectadas emocional y psicológicamente por el conflicto laboral que sufren.
El origen del problema ha sido la negativa de las funcionarias a llevar a cabo una orden de la Jefa de Servicio sobre la retirada de menores a las 5 de la mañana. Las trabajadoras presentaron un escrito para argumentar su postura e informaron sobre la peligrosidad del servicio, ya que ambas han sufrido amenazas e intento de agresión. El alto riesgo de la zona de residencia de los menores; la falta de competencia; el horario de jornada laboral que establece la normativa, a partir de las 7:30 de la mañana; la conciliación de la vida laboral y familiar, ambas trabajadoras son madres de hijos lactantes; y la ausencia de protección individual han sido otras razones reflejadas.
Sin embargo, la Jefa de Servicio motivó dos nuevos requerimientos, con menos de 24 horas de antelación, a la misma intempestiva hora y que acarreó una solicitud de SAF a la Delegada Territorial para que solucionara la situación que conlleva un evidente riesgo físico para las trabajadoras, como demuestra el necesario apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. A continuación, la Delegada Territorial abre expediente disciplinario a ambas funcionarias.
El Sindicato recuerda en la denuncia los graves riesgos que padecen los funcionarios titulados en Psicología y Trabajo Social, cuyas responsabilidades son la emisión de informes y el trato directo con las familias, pero siempre en el ámbito del centro. Además, SAF ha presentado innumerables escritos desde 2012 sobre la precariedad de medios en el Servicio y la ausencia de prevención de riesgos laborales, dirigidos a la Delegación y a la Consejería, que no han obtenido respuesta. El Sindicato solo ha sido atendido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En la denuncia, SAF menciona el informe 292/2008 de la Letrada Jefa de la Asesoría Jurídica de la Junta que establece "que no son los funcionarios del Servicio de Menores sino los Agentes de la Unidad de Policía Autonómica los que deben acudir a la retirada de los menores en sus domicilios".
El Sindicato concluye que se impone a estas funcionarias, en particular, y al resto de funcionarios del Servicio, en general, condiciones laborales que ignoran los derechos reconocidos por ley, incluso la conciliación de la vida familiar y laboral que precisamente es competencia de esta Consejería. Conforme a los artículos 4.4 y 21.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, SAF recuerda que ante la omisión de la legalidad vigente y el aumento constante de la peligrosidad, el trabajador tiene derecho a negarse a desempeñar las labores encomendadas.
Descargar informativo (versión pdf).
