Los sindicatos profesionales, mayoritarios en Educación, Sanidad, Justicia y Administración General, han convocado una protesta a las puertas del hemiciclo.
FASPI (Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes), integrada por los sindicatos SAF (Sindicato Andaluz de Funcionarios), SMA (Sindicato Médico Andaluz) y APIA (Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía), convocó una nueva concentración ayer, miércoles 18 de diciembre, a las 16:30 horas en la que han participado funcionarios de los ámbitos de Educación, Sanidad y Administración General. La protesta tuvo lugar a las puertas del Parlamento de Andalucía, situada en el número 16 de la calle Alberto Lista, mientras en estos días se debate y se vota en sesión plenaria el proyecto de la Ley de Presupuestos para 2014 (Ver en prensa).
Dos horas de pitadas, sólo interrumpidas para denunciar lo que consideran un auténtico despropósito contra el funcionario público andaluz y un discriminatorio recorte económico. SAF, SMA y APIA, únicos sindicatos que defienden exclusivamente a los funcionarios andaluces, evidenciaron la segregación padecida por los funcionarios de la Junta que soportarán los recortes en las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre de 2013 y 2014 y que han sufrido la pérdida total de las ayudas de acción social, a diferencia de los funcionarios estatales o de otras comunidades autónomas. Además, los sindicatos recordaron que los funcionarios andaluces son los que tienen los complementos retributivos más bajos de España.
Durante la protesta, que transcurrió de forma pacífica y sin incidentes, los sindicatos volvieron a rebelarse contra el constante abatimiento del sector público y manifestaron, con lemas como "¡No a la privatización de los servicios públicos!", su absoluto desacuerdo con unas medidas de contención que siempre recaen sobre los ciudadanos, mientras la costosa externalización o los privilegios económicos de altos cargos y diputados, entre otros despilfarros, quedan ilesos de cualquier tijeretazo.
Consignas como "Stop al blindaje, no más pillaje" hicieron referencia a la disposición adicional decimoctava, "contratación de personal por las entidades instrumentales del sector público", del proyecto de Ley de Presupuestos. SAF fue el primer sindicato en dar la voz de alarma en este tema y desveló que la Junta incluyó de rondón esta disposición en los presupuestos de manera indefinida y advirtió que podría convertirse en un posible blindaje del personal externo al autorizar a las agencias públicas a contratar personal indefinido de agencias. Los servicios jurídicos del sindicato estudian en profundidad esta disposición y las vías legales posibles para paralizarla.
FASPI recordó que "la propia Cámara de Cuentas avisó al Gobierno andaluz que es más económico dotar la relación de puestos de trabajo de un servicio que la privatización. Un claro ejemplo es el sistema para registrar el historial administrativo de los funcionarios. Dotar al servicio de informática costaba 450.000 euros y la externalización que llevó a cabo la Junta supuso 4,7 millones de euros durante dos años y otros 3,25 millones en la siguiente adjudicación. Esos 8 millones de euros equivalen a una oferta de empleo público con cientos de puestos de trabajo a los que puede acceder cualquier ciudadano".
En la concentración, FASPI lamentó que los ciudadanos se encuentren la puerta cerrada a la hora de acceder a un puesto de trabajo en la Administración. La reducción abismal en los sueldos de funcionarios no se refleja en el descenso de parados. Por ello, los representantes de la Federación andaluza declararon que "la Junta debería recortar los 3.200 millones que, según la Cámara de Cuentas ha costado la Administración paralela a las arcas públicas en 2013 y no utilizar la externalización para agilizar los procedimientos sin control, debilitando las garantías sociales. El funcionario es nombrado, no contratado, por lo que vela por el interés general".
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