Durante la rueda de prensa en Almería, SAF, SMA y Apia advirtieron que los nuevos recortes previstos para 2014 discriminan a miles de ciudadanos para favorecer el enchufismo.
Miembros del Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, del Sindicato Médico Andaluz, SMA, y de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, APIA, integrados en la Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes de Andalucía, FASPI, han denunciado la discriminación salarial implantada por la Junta a los funcionarios públicos (27.000 en Almería) y los recortes a miles de ciudadanos, mientras favorecen el "enchufismo" y la "estructura clientelar" de la Administración paralela cuyo coste han cifrado en 3.200 millones de euros (Ver en prensa).
El presidente regional y provincial del SAF, José Manuel Mateo, durante una rueda de prensa celebrada en la sede del SAF en Almería, ha asegurado que los funcionarios, a raíz del borrador de presupuestos para 2014 que se presentó en noviembre en el Parlamento andaluz, "nos hemos quedado estupefactos porque verdaderamente el gobierno bipartito de la Junta no quiere funcionarios de carrera ni interinos en las filas de la Administración pública y es una realidad habida cuenta de que para los ciudadanos de Andalucía no existe ninguna oferta de empleo público".
Mateo ha lamentado en ese sentido que "cualquier andaluz que quiera acceder a un puesto público no hay oferta, pero sí está abierta para el personal indefinido, es decir a todos los afectados de la ‘ley del enchufismo' y esto es una discriminación no sólo a los funcionarios sino a los propios ciudadanos que ven cómo sectores que tienen cierta afinidad".
Por su parte, Nicasio Marín, presidente del SMA en Almería, ha alertado de que "ser funcionario en Andalucía es estar en riesgo de extinción". Marín ha denunciado que el saqueo del dinero público andaluz "se ha producido porque los procedimientos ‘ad hoc' han sido ‘bypasseados', se ha hecho un puente para conseguir agilidad administrativa, al contrario de la lentitud de paquidermo del funcionario independiente, en contra de todo eso se ha ido pensando que la idea iba calando en la sociedad, que tiene una garantía en el funcionario independiente porque es nombrado, no contratado".
El representante de APIA, Ignacio Domingo, ha indicado que los profesores andaluces "somos los que menos cobramos de España, nos parece mal que el de Murcia o el del País Vasco y es funcionario del Estado cobre más que nosotros". Domingo ha lamentado el aumento de la ratio de alumnos por profesor "y si tengo que dar clase con 40 alumnos y puedo tener 20 raquetas de bádminton, al resto de los alumnos es difícil hacer la práctica educativa con corrección, no es fácil llevar un proceso educativo coherente".
Finalmente, José Manuel Mateo ha propuesto que el Gobierno de la Junta acometa recortes "allá donde se están haciendo los excesos en la Administración paralela; lo que está haciendo es quitar, usurpar el trabajo a los funcionarios para dárselo a las empresas públicas, consorcios, fundaciones y demás entes instrumentales que están costando a la Junta de Andalucía la nada despreciable cifra de 3.200 millones de euros, según el Informe de la Cámara de Cuentas, y esta misma Cámara le dice a la propia Junta que a veces es más económico dotar a toda la RPT de un servicio que sacar un concurso para dar servicio a los ciudadanos".
Mateo ha apuntado en este sentido que "en el caso del sistema para registrar todo el historial administrativo de los funcionarios, costaba dotar a ese servicio de informática 450.000 euros y la Junta lo sacó a concurso como contrato menor y se gastaron 4,7 millones de euros, externalizado dos años; y al cabo de ese tiempo, lo adjudican por 3,25 millones; con esos casi 8 millones de euros habría para darle de comer a muchísimos andaluces con un puesto fijo en la Administración".
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