El Sindicato ha presentado varios escritos, 3 en el último mes, denunciando la merma en los servicios públicos, pero no ha obtenido respuesta.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha presentado un escrito ante la Inspección de Servicios para denunciar la grave situación que atraviesa el Departamento de Energía de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, con varias plazas dotadas sin ocupar tras la resolución del último concurso de méritos, resuelto el pasado 27 de marzo de este año (Ver en prensa).
SAF advierte de la necesidad de que dichos puestos sean ocupados por personal funcionario habilitado para realizar las funciones de la Jefatura del Departamento, las de asesor técnico en el Departamento de Minas y otras plazas de estructura de carácter administrativo de la Delegación. De esta forma, se cumpliría la normativa vigente con todas las garantías de potestad pública y se facilitaría el desarrollo de los servicios públicos.
El pasado mes de junio, el Sindicato Andaluz de Funcionarios envió otro escrito a la Delegación Territorial solicitando que se convoquen las plazas, según el sistema de provisión previsto en el Decreto 2/2002, y no ha obtenido respuesta.
Esta situación implica a funcionarios trabajando en un servicio que carece de referente en la estructura orgánica, como la Jefatura de Departamento, y la encomienda de funciones de las asesorías técnicas a puestos base.
Con estas denuncias, un total de 3 en el mes de octubre (Delegación de Salud y Bienestar Social, Delegación de Agricultura, Pesca y de Medio Ambiente y Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo), SAF se hace eco del malestar existente en el funcionariado de la provincia de Huelva ante la imposibilidad de promocionar a través de la convocatoria de artículos 30, puesto que se exige autorización de salida previa. Autorización denegada casi sistemáticamente por las Delegaciones denunciadas y sumado al incumplimiento de la legislación vigente sobre la convocatoria de concurso de méritos que establece un plazo de 6 meses.
Este desprecio a la legalidad vigente en detrimento de los funcionarios está afectando a la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía, a la vez que supone un riesgo de garantías en la actuación de la Administración Pública.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios se reserva el derecho a llevar a cabo cuantas acciones legales tenga a su alcance para regularizar esta situación, aunque pide a la Administración que acceda a la vía del diálogo, abierta en varias ocasiones por SAF, y no delegue las decisiones a los fallos de los jueces, un coste completamente innecesario cuando la legislación vigente es tan clara.
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