Los sindicatos profesionales de Sanidad, Educación y Administración General no son convocados a la reunión y reivindican su derecho a participar en las negociaciones.
La Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes (FASPI), integrada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía (APIA) y el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), ha presentado un escrito ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta y ante la Secretaria General para la Administración Pública y presidenta de la Mesa General de la Función Pública de Andalucía, para pedir la suspensión de la reunión y convocar una nueva Mesa con todos los miembros que legalmente la integran (Ver en prensa).
Los sindicatos profesionales e independientes de Sanidad, Educación y Administración General, que se reservan el derecho a tomar acciones legales, denuncian en el escrito que no han sido convocados y que han conocido la fecha de celebración de la Mesa a través de los medios de comunicación. La Federación recuerda que en las últimas elecciones sindicales, celebradas durante los años 2.010 y 2.011, obtuvo el respaldo mayoritario en las urnas, cumpliendo los requisitos de representación que la legislación vigente exige para formar parte de la Mesa Común y superando el 10% exigido por el artículo 6.2.a) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
APIA, SAF y SMA expresan su repulsa al persistente veto de la Administración andaluza y consideran un auténtico despropósito contra el funcionario público ignorar a los representantes legítimos y, por tanto, el Derecho a la Negociación Colectiva reconocido por en la Constitución y en el Estatuto Básico del Empleado Público.
La prensa ha publicado que la reunión versará sobre los recortes salariales. Por ello, FASPI muestra su más absoluto desacuerdo con unas medidas de recorte arbitrarias, injustas y que incumplen los principios constitucionales. La Federación andaluza denuncia la discriminación común que padece el colectivo de funcionarios de la Junta, que será el único en España que soportará los recortes en las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre de este año y del próximo 2.014. Nuevo castigo inmerecido a unos trabajadores atosigados por los tijeretazos, cuyos complementos retributivos son los más bajos de todas las Comunidades Autónomas y que ya han sufrido la pérdida total de las ayudas de acción social.
La Junta de Andalucía manifestó públicamente que la reducción de las pagas adicionales es una medida orientada al cumplimiento de los objetivos de déficit y al mantenimiento de la Administración paralela. FASPI considera descabellado e innecesario, además de ilegal según los tribunales, el empecinamiento del Gobierno andaluz en sostener la innecesaria externalización de los servicios públicos. Una externalización que, según recientes informaciones aparecidas en prensa, aumenta en unas 5.000 personas sin mediar la oferta de empleo público, ni la igualdad entre ciudadanos.
El deterioro retributivo de los funcionarios públicos en Andalucía ha reducido sus ingresos hasta devolverlos a 2.009. La Federación andaluza manifiesta su indignación ante unos recortes que inciden brutalmente sobre el funcionario, en beneficio de multitud de conceptos presupuestarios prescindibles y que han permanecido inalterables. Es inconcebible que las medidas de contención siempre recaigan sobre los ciudadanos, los servicios públicos y el personal que accede a la Administración por procedimientos reglados, mientras la costosa Administración paralela o los privilegios económicos de altos cargos y diputados, entre otros despilfarros de plena actualidad, quedan intactos.
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