La Federación andaluza denuncia la ausencia de diálogo y afirma que utilizará todas las vías legales posibles contra el nuevo tijeretazo a los derechos de los funcionarios.
La Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes (FASPI), integrada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía (APIA) y el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), muestra su más absoluto rechazo a los nuevos recortes anunciados en los medios de comunicación y exigen una reunión urgente para tratar esta posible merma en los derechos de sus representados, tanto por parte del Gobierno andaluz como estatal (Ver en prensa).
FASPI está en contra de la nueva congelación salarial que se aplicará a los funcionarios públicos por parte del Estado y denuncia la falta de consideración y escrúpulos del Gobierno andaluz que no aclara si habrá nuevas podas en las retribuciones de los funcionarios públicos, dejando abierta la posibilidad de volver a recortar las pagas extraordinarias.
De esta forma, el nuevo Gobierno andaluz deja en vilo a miles de trabajadores que pueden volver a ser los únicos en España que vean mermadas las pagas extraordinarias. Un recorte que la Federación andaluza califica de discriminatorio, prejuicioso e injusto.
La Federación andaluza exige reuniones urgentes para esclarecer qué sucederá con las retribuciones de los funcionarios públicos y denuncian que los últimos en conocer qué sucederá sean los representantes sindicales y los propios trabajadores.
FASPI quiere hacer referencia a la famosa "grasa" que soporta la Junta y propone comenzar a afilar las tijeras contra los despilfarros que acucian la comunidad autónoma andaluza. Existen claras alternativas de contención del gasto público. La Federación propone aligerar la Administración adelgazando radicalmente la estructura de la descomunal Administración paralela que supuso más de 3.200 millones de euros en los presupuestos de 2013, las millonarias subvenciones a sindicatos y partidos políticos, los astronómicos sueldos y dietas de altos cargos, etcétera.
Los acuciantes recortes en materia económica y social que arrasan al sector público, recuerda FASPI, no tienen precedentes y han provocado el deterioro de los servicios que afectan gravemente a los ciudadanos. Efectos colaterales como la merma de la eficacia de los servicios, la generalización de las contrataciones a tiempo parcial del personal temporal, las cargas de trabajo, repercuten directamente en los ciudadanos y en los propios trabajadores.
La Ley 3/2012 de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, establece en su artículo 4 de Ámbito temporal que "las medidas en materia de personal contenidas en este capítulo tienen carácter excepcional y temporal, siendo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2013. Al término de esta fecha, se revisarán todas las medidas propuestas en esta Ley y se estudiará el levantamiento de la suspensión, en función de la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía".
FASPI exige al Gobierno andaluz que aclare si se levantará la suspensión de los derechos, legalmente adquiridos, que establece la Ley 3/2012. Más aún, cuando los funcionarios en Andalucía tienen los complementos retributivos más bajos de España y han sido los únicos que han perdido todas las ayudas de acción social.
Por supuesto, la Federación andaluza está dispuesta a llegar a acuerdos efectivos que respalden los derechos de sus representados, pero no tolera esta toma de decisiones al margen de los foros sociales que exponen al funcionario público como culpable de la nefasta gestión económica llevada a cabo por los Gobiernos.
FASPI anuncia actuaciones contra cualquier medida fuera de la legalidad que continúe azotando al garante de los servicios públicos.
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