Hay plazas en el Servicio de Protección de Menores y en la AGAPA que aún no han sido ocupadas y son fundamentales para el correcto funcionamiento de los centros.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha denunciado ante la Inspección de Servicios en Huelva la falta de cobertura puestos en el Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social y en el Departamento de Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Ver en prensa).
SAF manifiesta su indignación ante la grave situación que atraviesan los funcionarios y el consiguiente deterioro en la calidad de los servicios públicos en estos centros, al existir plazas dotadas sin ocupar tras la resolución del último concurso de méritos.
En los escritos presentados el Sindicato considera de capital importancia que dichos puestos sean ocupados por personal funcionario habilitado para dar cumplimiento a la normativa vigente con todas las garantías de potestad pública.
En el mes de junio SAF presentó un escrito ante la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social solicitando se convoquen las plazas según el sistema de provisión previsto en el Decreto 2/2002, por el que aún no ha obtenido respuesta.
De igual forma y en reiteradas ocasiones, el Sindicato Andaluz de Funcionarios ha solicitado a la mencionada Delegación Territorial la convocatoria de provisión de distintos puestos que tras la resolución del concurso de méritos no han tenido una ocupación efectiva. Esta situación está suponiendo un aumento de cargas de trabajo en el personal del Servicio de Protección de Menores, mientras que se está duplicando personal en la Secretaría de la Delegación.
Además, SAF denuncia la duplicidad del personal en la Delegación. Hay tres funcionarios en Secretaría, dos de ellos deberían estar desempeñando funciones en el Servicio de Protección de Menores. Es más, en este Servicio hay puestos base de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia que llevan a cabo tareas de Asesores Técnicos desde su toma de posesión.
Según informó la Secretaría General, desde junio de este año los funcionarios están pendientes de la aprobación de la convocatoria de puestos por artículo 30 para la provisión de puestos, sin que se hayan tomado medidas para reorganizar el personal.
SAF exige la regularización inmediata de esta situación, más aún cuando se trata de funciones tan sensibles como las llevadas a cabo en estos centros. Este desprecio a la legalidad vigente en detrimento de los funcionarios está afectando a la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía, a la vez que supone un riesgo de garantías en la actuación de la Administración Pública. El Sindicato Andaluz de Funcionarios se reserva el derecho a llevar a cabo cuantas acciones legales tenga a su alcance para solucionar esta irregularidad.
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