Tras más de dos años de espera y varios requerimientos, el Delegado de Prevención de la Junta de Personal denuncia las irregularidades cometidas en materia de prevención de riesgos laborales.
El Delegado de Prevención de la Junta de Personal, a instancia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), ha presentado una denuncia contra los servicios periféricos de la Administración General de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, solicitando que se tomen las medidas necesarias para obligar a la Junta a cumplir lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El mencionado artículo establece el derecho del Delegado de Prevención a tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo para el ejercicio de sus funciones (Ver en prensa).Hace más de dos años, el 5 de julio de 2011, el Delegado de Prevención solicitó a los centros directivos de la Administración periférica de la Junta en Cádiz, la documentación en materia preventiva que el empresario debe elaborar y conservar a disposición de la Autoridad Laboral. Esta documentación, detallada en la Ley de Prevención, consiste en Plan de Prevención de Riesgos Laborales; evaluación de riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo; planificación de la actividad preventiva, incluidas medidas de protección y prevención y material; controles del estado de salud de los trabajadores; y relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado incapacidad laboral.
No hubo respuesta, así que el 28 de septiembre de 2011 el Delegado de Prevención denuncia ante la Inspección de Trabajo. Como resultado de la comprobación documental y de las reuniones mantenidas, la Inspectora actuante efectuó el 2 de mayo de 2012, propuesta de requerimiento a cada una de las doce Delegaciones Provinciales existentes en su momento, para que en el plazo indicado la Junta cumpliera las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
A pesar de haber transcurrido más dos años desde la primera solicitud y 16 meses desde el requerimiento de la Inspección de Trabajo, aún no se ha facilitado por parte de la Junta de Andalucía la documentación solicitada.
Por ello, el pasado 14 de junio de 2013 se volvió a presentar escritos pidiendo de nuevo los mencionados documentos. Esta solicitud se presentó de forma individualizada a los distintos centros directivos de la Administración periférica de la Junta en Cádiz, como son la Delegación del Gobierno de la Junta, la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social.
Hasta la fecha no se ha obtenido ningún tipo de respuesta ante dichas solicitudes, por lo que SAF denuncia que se continúa vulnerado de forma reiterada el Derecho como Delegado de Prevención de acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo.
SAF advierte que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales califica como infracción grave el incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
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