El Sindicato denuncia la vulneración de derechos fundamentales y los continuos obstáculos que la Administración interpone para no acatar los fallos.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía vuelve a fallar en firme a favor del Sindicato Andaluz de Funcionarios y recuerda contundente a la Junta que debe facilitar al Sindicato todos los datos relativos al personal externo. Son varias las nuevas sentencias que respaldan a SAF e incluso una de ellas condena en costas a la Administración (Ver en prensa) (Ver carátulas sentencias firmes).
No han sido las únicas. La Administración se ha allanado en varios procedimientos y los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo han dictado las correspondientes sentencias definitivas que no dan lugar a dudas y reconocen la legitimidad de SAF, respaldada por la legislación vigente, y el derecho a conocer, entre otra información, qué funciones desempeña el personal externo y si disponen de clave privada de acceso a los sistemas informáticos.
Los tribunales son claros y sostienen la argumentación de SAF. "El artículo 40 de la Ley 7/2007, reconoce el derecho de la Junta de personal a la obtención de información sobre política de personal, pero ello no excluye que también deba entregarse a los sindicatos, para permitir el ejercicio del derecho a la libertad sindical en su vertiente colectiva, cuando dicha información es necesaria para la defensa de los intereses colectivos de sus afiliados".
Es más, el derecho a la obtención de información por los sindicatos, como propio del derecho a la libertad sindical, ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional. Así, la Justicia estampa en las continuas sentencias firmes que la información requerida tiene el amparo de la Constitución, "por cuanto es necesario para el adecuado ejercicio de la defensa de los funcionarios que representa (SAF), para evitar que las funciones reservadas por la ley a los mismos, sean desempeñadas por personal que carece de la condición de funcionario público".
A pesar de los poderosos argumentos legales, la Junta utiliza todos los resortes posibles para demorar la entrega de la documentación. Tanto es así, que cuando SAF exigió insistentemente la ejecución de sentencia, la propia Secretaría General para la Administración Pública puntualiza que "la potestad de hacer ejecutar las sentencias corresponde, exclusivamente, a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional". Una respuesta que demuestra, una vez más, que la Administración sólo obstaculiza el derecho de acceder a unos datos que los jueces ratifican deben ser conocidos por los sindicatos para salvaguardar los derechos de sus representados.
Los servicios jurídicos del Sindicato Andaluz de Funcionarios solicitó la ejecución forzosa de la primera sentencia firme y la Junta respondió con una serie de datos incompletos. A continuación, SAF presentó incidente de ejecución de sentencia que los tribunales aún no han resuelto. Si el desenlace es favorable al Sindicato, la Administración carecería de argumentos legales que demoraran la entrega de los datos exigidos.
Para consultar las SENTENCIAS ÍNTEGRAS haz click aquí si eres afiliado, si estás interado en afiliarte entra en este enlace.
Descargar informativo (versión pdf).
