Al igual que con los recortes de la paga extra, los funcionarios de la Junta de Andalucía son los únicos que no tendrán ayudas de acción social.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha solicitado por escrito a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta y a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública que resuelvan las solicitudes para ayudas de acción social anteriores al 23 de junio de 2011 y se diriman responsabilidades por incumplir la Ley 30/1992. De no ser así, el Sindicato se reserva el derecho de emprender acciones legales para defender los derechos del denostado colectivo funcionarial (Ver en prensa).
Además, SAF pide que se esclarezca "si ha habido negligencia por los titulares del órgano administrativo responsable de la tramitación de estos expedientes, por el injustificado" y perjudicial retraso de las ayudas de 2010, ya que de haberse tramitado dichos expedientes en plazo, se habrían realizado los pagos antes de la entrada en vigor del Decreto Ley que los suspendía.
El Decreto Ley 1/2012 de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el Reequilibrio Económico-Financiero de la Junta suspendió la convocatoria y concesión de ayudas de acción social. Pero estas ayudas llevan sin abonarse desde 2010, ya que la Junta dejó transcurrir el plazo que su propia normativa establecía.
La Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública que aprobó el Reglamento de Ayudas de Acción Social establece que "el plazo máximo de resolución y publicación de las ayudas sometidas a convocatoria, será, (...) de doce meses, a contar desde la fecha de finalización del plazo para presentar solicitudes fijado en cada convocatoria. Sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa, transcurridos los referidos plazos máximos, sin dictarse y notificarse o, en su caso, publicarse la misma, se entenderán (...) desestimadas las solicitudes de ayudas, por silencio administrativo".
La última convocatoria para ayudas de acción social se efectuó por Resolución de 28 de julio de 2010 y en BOJA de 5 de octubre de 2011 se publicaron los listados de los solicitantes de la ayuda de estudios. En estas fechas ya debería desestimarse por silencio administrativo la totalidad de la acción social de 2010. Por ello, SAF denuncia que la Administración vulneró "tanto su propia normativa, el plazo establecido para resolver la convocatoria, como la Constitución, en cuanto al sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho, así como el Derecho a una Buena Administración reconocido por el Estatuto de Autonomía para Andalucía".
Una vez más, los funcionarios de la Junta son vapuleados y discriminados. SAF considera una total injusticia que el Gobierno andaluz lleve a cabo medidas de "ahorro", inexistentes en el resto de comunidades autónomas, como los recortes en la paga extra y la supresión de la acción social, ayudas sin abonar desde 2010, para mantener a los 25.000 externos de la Administración paralela. Una actitud desafiante y dictatorial que castiga a los funcionarios públicos y premia al personal que no ha accedido a la Administración por los procesos regladamente establecidos.
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